Se requerirán unos $6.000 millones de inversiones en el sector público para atender las necesidades de consumo, riego, saneamiento y de generación hidroeléctrica en Costa Rica de este año al 2030, según el Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos.

Se trata del primer plan de este tipo presentado por el Ministerio de Ambiente , junto con la Política Hídrica Nacional, presentados hoy de manera oficial por el titular de esa cartera Jorge Rodríguez; la diputada Maureen Ballesteros, presidenta de la comisión legislativa de Ambiente; José Miguel Zeledón, director de Aguas del Minaet y Marcelo Valenzuela, del BID, entidad que financió el proceso.

Empero, apenas empieza a correr esta corriente, y ya empezó a generar olas: la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) anunció su rechazo a esa política, por considerar “ poco claro la forma en que se alcanzarán los objetivos ” e incluso el presidente Manuel H. Rodríguez consideró “preocupante” que se anunciara a solo seis meses de dejar el poder.

Agua va...

Según el Plan, en los próximos 20 años se requerirán $210 millones para 129 iniciativas que deberán mejorar el tratamiento del agua destinada al consumo humano, mientras se necesitarán $201 millones para obras de saneamiento, $82 millones para riego, $62 millones para tratamiento de inundaciones y $5.400 millones para iniciativas de drenaje y de generación hidroeléctrica .

Además, el Plan deberá permitir la estrategia coordinada de los entes públicos encargados de regular la materia , para lograr planificar su uso futuro y un mejor aprovechamiento del recurso. No es como oír llover: según el Balance Hídrico, si en 15 cuencas estudiadas se produce una disminución en la precipitación aproximada de un 20%, se afectará en grandes cantidades la disponibilidad de agua superficial.

También es un llamado de atención sobre la necesidad de tener más información: Zeledón indicó que el Balance nacional se desarrolló con datos de cuencas que representan el 65% del territorio nacional, con base en los que se elaboraron proyecciones de la oferta y la demanda hasta el 2030. Según el escenario base, la demanda de agua aumentará aproximadamente un 95% al año 2020 , y un 173% al 2030.

En ebullición

Zeledón destacó que el Plan permitirá orientar e integrar las acciones de instituciones públicas y regionales, así como identificar las prioridades para la acción presupuestaria en 34 cuencas: nueve requieren alta prioridad por aspectos de infraestructura , 7 por problemas de disponibilidad hídrica, seis por conflictos por el uso del recurso, ocho por contaminación y 17 por vulnerabilidad al cambio climático.

Los casos más críticos son los de las cuencas de Bebedero, Tempisque, Grande de Tárcoles, Península de Nicoya y Reventazón . Los menos presionados son los de Savegre, Península de Osa, Cureña y Río Frío.

Por su parte, Ballestero destacó que la formulación del Plan y la política fue un proceso complejo y largo, que requirió de una maduración de diez años . Resaltó que se requirieron dos etapas, una para formular la estrategia en materia de agua (2004-2006) y otra para elaborar la política y el plan, del 2006 al 2009.

Sin embargo, la reacción empresarial sugiere que el consenso está lejos de alcanzarse. La Uccaep asegura que los documentos se basan sobre supuestos de leyes que aún no se han aprobado , lo que genera inseguridad jurídica, así como aspectos complejos en cuanto a los aspectos regulados y los diferentes actores.

Precisamente en la Asamblea Legislativa se encuentra estancada la aprobación de una ley general sobre el recurso hídrico . Al respecto, la diputada Ballestero afirmó que si el Poder Ejecutivo la convoca, podrá entrar a su recta final.