El bienestar de la población depende directamente del empleo. Un sistema económico incapaz de proveer suficientes puestos de trabajo para controlar el desempleo, aumentar los salarios según la productividad y disminuir los niveles de pobreza, no puede ser exitoso.

La problemática del desempleo tiene dos facetas. Una, de corto plazo, relacionada con los movimientos del ciclo económico que dispara el desempleo y el subempleo en épocas de crisis. La otra, de mediano y largo plazo, tiene que ver con aspectos estructurales que impiden la creación de puestos de trabajo y el aumento real de las remuneraciones. Ambas requieren de un tratamiento distinto.

Entre los candidatos que enfocan la problemática del ciclo, según nuestra cobertura electoral en Tribuna Pública, Laura Chinchilla propone el uso de una política fiscal expansiva para amortiguar la disminución del gasto agregado y el aumento del desempleo. La propuesta va en la dirección correcta, merece una consideración especial.

La política fiscal puede aminorar el impacto de la caída en los ingresos, producto de un ciclo recesivo. Sin embargo, su alcance es limitado y sus efectos transitorios. La brecha fiscal obliga a la emisión de deuda, que provoca presiones sobre las tasas de interés. Esto incide en menor inversión privada y una caída en el consumo, que neutraliza parte de la expansión y limita el crecimiento futuro. Si la amortización de esta carga cayera en un periodo de auge, sería afortunado, pero ese no es siempre el caso. En el campo distributivo, es imposible determinar, a priori, los grupos que finalmente cargarán con el costo del ajuste.

Tampoco es fácil calibrar la incidencia del gasto para que impacte, primordialmente, a los sectores con mayor desempleo. Como el mercado de trabajo es fraccionado, esa política podría crear desequilibrios de exceso de demanda laboral en algunos subsectores. No se debe pasar por alto la inflexibilidad a la baja del gasto público, lo que haría difícil devolverlo a su tendencia precrisis.

En la misma línea, Ottón Solís propone un seguro de desempleo, acompañado de becas de capacitación. Esto también puede ser de utilidad, pero tiene razón Otto Guevara al advertir que no debe sustentarse en el erario público, sino en las aportaciones previas de los propios trabajadores, como cualquier otro tipo de seguro.

Las propuestas programáticas abundan en cuanto a soluciones de mediano y largo plazo, la mayor parte bien orientadas. Todos los candidatos perciben el empleo como resultado del desempeño de la economía. Si no hay desarrollo no se puede pretender mantener el nivel y calidad del empleo. Tal como se deduce de los distintos planteamientos, lo más importante es promover el crecimiento y la productividad. Esto requiere múltiples acciones, como incentivar la inversión, extranjera y nacional, mejorar la calidad del factor trabajo con educación de alta calidad y capacitación y eliminar restricciones a la movilidad.

Para promover la productividad, es necesario enmarcar las medidas en un entorno adecuado. Tienen razón los candidatos al enfatizar aspectos como el cierre de la brecha de infraestructura, la eliminación de excesivas regulaciones y tramitomanía y la creación de un clima de negocios estable y creíble. La política salarial vendrá por añadidura, pues está íntimamente ligada con la productividad.

Como lo señalan varios candidatos, el trabajador debe contar con protección y garantías laborales adecuadas, así como con instancias expeditas de resolución de conflictos, sin caer en exceso de proteccionismo. Este atenta contra la formalidad y fomenta el subempleo. El impulso a la economía social puede ayudar a disminuir la precariedad ocupacional y estimular la capacidad empresarial.

La principal enseñanza que debería dejar la presente recesión es la necesidad de diseñar una política fiscal sostenible, necesariamente contracíclica. Para esto se requiere la creación de fondos de estabilización fiscal que permitan aplanar los ciclos, ahorrando en buenos tiempos para subsistir en épocas de vacas flacas.