Rodolfo Méndez

La institucionalidad pública –forma organizativa del Estado– es fundamental para responder a las necesidades de los miembros de la sociedad que estos no puedan satisfacer por sí mismos. Debe ser, por su importancia, una institucionalidad eficiente, vigorosa y ágil en la captación de las expectativas sociales y en la elaboración de la respuesta pública.

Lamentablemente, en Costa Rica, las instituciones públicas están hoy atrofiadas, no tienen ni la organización ni los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos. Existe una frondosidad y dispersión institucional que agrava la ineficiencia.

Esto convierte esta reforma en una de las principales deudas de los partidos políticos que se extiende a los que han ejercido el Gobierno y a aquellos que, desde la oposición, han bloqueado cualquier intento serio e integral por conseguir esa reforma.

Desde la crisis económica de principios de los años 80, que obligó a un cambio en el modelo de desarrollo, era evidente la necesidad de una reforma estructural del sector público. Se erró al centrar la discusión en si el Estado debía ser más grande o más pequeño, no en la forja de un Estado más eficiente.

La reforma se realizó parcialmente. Medidas, como la movilidad laboral voluntaria, produjeron un efecto adverso. Si bien consiguieron reducir el costo de la planilla –beneficio cuantitativo temporal– no se consideró la calidad del funcionamiento institucional –perjuicio cualitativo permanente–.

Las reformas no reordenaron la organización institucional para elevar su nivel de gestión. Tampoco aumentaron la carga impositiva a fin de dotar al Gobierno de recursos para promover el crecimiento y la equidad. Se inclinaron hacia un camino economicista coyuntural con decisiones que mermaron los recursos para la inversión.

Así se consiguió reducir el déficit fiscal a costa de un grave déficit de inversión en obras de infraestructura, en la calidad de los servicios públicos y en el funcionamiento de las instituciones.

Cuando el deterioro del Estado y de sus servicios generó manifestaciones de insatisfacción ciudadana, los poderes Ejecutivo y Legislativo optaron por crear nuevas instituciones sin identificar fuentes de ingreso para financiar de manera permanente y sana su funcionamiento.

La hipertrofia estatal y sus crónicas falencias dieron lugar a un cuestionamiento general del Estado. La clase política, para lavar responsabilidad, optó por otro camino fácil: incrementar las instancias de control.

Este control ayuda solo a hacer aún más evidentes las ineficiencias pero no a erradicar las causas de estas. A la vez, el rigorismo formal del control ha contribuido a generar otro problema, cual es el temor del funcionario público a asumir una responsabilidad para evitar una posible sanción, con lo cual las decisiones no se toman porque es preferible no decidir que decidir y equivocarse.

El temor de unos, la incapacidad de otros y la ausencia de iniciativas que erradiquen las causas de fondo de la deficiente gestión pública, condujo a lo único que podían conducir: la parálisis del Estado. Los trámites se hacen cada vez más engorrosos. Las cosas simplemente no caminan. En ese contexto, se hace difícil que personas con idoneidad acepten asumir cargos públicos de jerarquía. La situación actual del sector público es calamitosa.

Existe conciencia del problema pero falta “voluntad política” que no es otra cosa que un acuerdo político y social para tomar decisiones y asumir el costo político que suponen. ¿Existirá esa voluntad en el presente o en el corto plazo? No lo sé, pero lo deseo.