Aunque los hallazgos que se realicen en zonas mineras de Costa Rica son propiedad del Estado, éste debe consultar a los pueblos indígenas sobre la explotación si se realiza en sus territorios.

La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer este martes el dictamen 376 con fecha 20/10/2008 en el que puntualizó que la consulta se debe hacer en los casos que podría afectar a los intereses de los indígenas.

El pronunciamiento se hizo a raíz de la consulta que realizó Genaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai), luego de que indígenas de la zona de Térraba solicitaron el uso de materiales de dicho río para arreglar el camino y se les denegó.

Aunque se tenían reportes de que el proyecto hidroeléctrico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) hacía extracción de arena, Franklin Ávila, director del proyecto, aclaró que no es así, pues ellos toman material del cauce del río Buena Vista.

Minería del Estado

La Procuraduría determinó que “ el Estado tiene el dominio absoluto , inalienable e imprescriptible de todos los recursos minerales que existen en el territorio nacional”.

No obstante, con base en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los pueblos indígenas tienen derecho de participar en la utilización, administración y conservación de los recursos minerales existentes en sus tierras, así como de los beneficios.

El documento además agrega que los indígenas "tienen derecho a que se les consulte acerca de las solicitudes de exploración y explotación de tales recursos, a fin de que puedan determinar si sus intereses podrían resultar perjudicados".

Cabe destacar que, según el artículo 8 del Código Minería, las explotaciones en suelos indígenas deben contar con la aprobación del Estado, inclusive si es un poblador del territorio quien desea realizarlo.