El daño ambiental que se ha producido en Osa por un desarrollo inmobiliario desmedido requerirá, no solo del freno de las construcciones actuales, sino que de la declaración del área como libre de intervención por varios años.

Jorge Lobo, biólogo de la Universidad de Costa Rica (UCR) que ha realizado estudios en la zona, opinó que el daño ambiental requiere de proyectos de restauración de bosques, permitiendo la regeneración natural o sembrando algunas especies de árboles para agilizar el proceso.

“Si las construcciones suspendidas vuelven a reactivarse con permisos más limitados, esta oportunidad de recuperación será más difícil”, manifestó Lobo.

En su opinión, en la Fila Costeña se deben delimitar los territorios aptos para la construcción sin que esto impida la restauración de éstas otras zonas.

“La acción más urgente es una moratoria de construcciones hasta finalizar los planes de ordenamiento cantonal que actualmente prepara la UCR”.

Lobo alegó que dicho plan regulador iba por buen camino, hasta que fue detenido por la Municipalidad de Osa.

Por su parte, José Lino Chaves, presidente del Tribunal Ambiental, informó que las empresas que han causado los daños deben presentar un plan para mitigar el efecto causado sobre el ambiente.

Además, se les cobrará una indemnización , la cual se deposita en caja única del Estado y se utilizará en el mantenimiento y recuperación de las zonas afectadas.

“Las deficiencias son generales, hay un divorcio institucional entre municipalidades e instituciones del Minaet, pero también hay responsabilidad en el sector privado que desarrolla los proyectos”, consideró Chaves.

Lobo concordó con que el problema ocurre a todos los niveles. Por un lado, se dan construcciones ilegales, por otro están las que obtienen los permisos de un municipio que los otorga con facilidad y sin inspección.

Por último, hay permisos mal otorgados, inclusive por la misma Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), donde no se da una labor óptima por parte de los consultores ambientales.