Varios actores se han enfrentado, en estos dos años, en relación con el cultivo de la piña. Esta edición da cuenta de esta coyuntura, cuyos actores principales son el Tribunal Ambiental, la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep), ambientalistas y, entre bambalinas, 27.000 familias directamente relacionadas con el cultivo y más de 100.000 en forma indirecta.

Este es un semillero idóneo para todo tipo de violencia. Dado el entrecruce de intereses en pugna, legítimos e ilegítimos, públicos y privados, solo los valores del discernimiento, de la autoridad y del sentido de responsabilidad social pueden contener los excesos de su antítesis: el afán desmedido de lucro, el radicalismo ideológico, el menosprecio de la ley, de la autoridad y del interés público, en materia ambiental, y la falta de solidaridad. Esta síntesis nos pone de manifiesto que el Poder Ejecutivo no vio a tiempo las señales, desde las instancias del Minaet y del Ministerio de Trabajo, y no actuó como autoridad y mediador.

No sería razonable, ahora, poner en igualdad a todos los actores citados y hacer tabla rasa de la situación, máxime que diversos senderos judiciales e informativos señalan la responsabilidad originaria de las empresas piñeras. Así lo recoge el propio Tribunal Ambiental Administrativo al procesar 19 expedientes o casos, y comprobar, como lo expresa su presidente, José Lino Chaves, enLa Nación del 20 de junio pasado, la invasión de zonas de protección de nacientes, quebradas y ríos; la desviación de cauces y hasta su desaparición; la contaminación por agroquímicos, sedimentos y residuos; la desaparición de humedales; la proliferación de plagas de moscas; la tala del bosque primario y secundario, y el cambio de uso del suelo, todo en desmedro del recurso hídrico y otras afectaciones indirectas. Estos daños exigen una justa reparación.

Tampoco pueden aducir las empresas insuficiencia normativa o jurisprudencial. Las normas quebrantadas son muchas. Sin embargo, no se puede desestimar su aporte al desarrollo económico y social. Tampoco el Gobierno puede aducir desconocimiento en la materia, pues la febril producción ha estado a la vista: el cultivo de la piña, como informamos en nuestro reportaje, pasó de 10.000 hectáreas, en menos de 10 años, a 50.000 hectáreas actualmente, y de 66 exportadores en el 2004 a 137 el año pasado. Nuestro país es el primer productor del mundo. También debieron saber que el cultivo de la piña provoca una elevada erosión, como la descrita por el presidente del Tribunal Ambiental. En este proceso estaban, pues, presentes todos los ingredientes previsibles para un conflicto. La imprevisión del Poder Ejecutivo, entonces, no encuentra justificación ni pretexto. No nos rasguemos las vestiduras. Este comportamiento forma parte de nuestra cultura.

En estas condiciones, aunque sea tarde, hay que actuar. Si la Canapep estableció el año pasado el Protocolo de Compromisos Ambientales en los cultivos, a favor del ambiente, es preciso seguir esta senda de responsabilidad social y poner fin, en forma terminante, a todo abuso. “El cambio de actitud –como expresa el Tribunal en la citada publicación– debe nacer del sector empresarial” y, agregamos, del Minaet y Ministerio de Trabajo, a fin de encauzar el cultivo de la piña dentro de las normas ambientales más depuradas y no dar lugar a posiciones extremas, como las expuestas por la UCR y otros grupos, que piden una moratoria del cultivo de la piña. En la crisis económica actual, esta posición, más ideológica que real, no es responsable.

El cultivo de la piña puede continuar, en bien de la economía, de los numerosos trabajadores y de sus familias, así como del propio ambiente, si, de inmediato, surge un cambio de actitud leal y el valor ético de la responsabilidad social guía a todas las partes. El Gobierno debe, sin tardanza, actuar con objetividad y en ejercicio de sus facultades constitucionales.