La discusión sobre la eliminación de la restricción vehicular por parte de la Sala Cuarta ha sido interesante.

Por un lado, quienes afirman la libertad de tránsito de manera absoluta y, por el otro, aquellos que defienden la regulación en nombre del interés general.

La discusión no es nueva y enriquece el debate. Ambos principios no son excluyentes. La libertad no es absoluta, está limitada por otras libertades, las de los otros, las del nosotros.

El bien común, siempre difícil de determinar, tampoco se puede imponer sobre las libertades concretas.

Lo llamativo de esta discusión ha sido el ardor con que adversarios y promotores de la restricción han argumentado.

Para los primeros, la decisión de la Sala ha venido a ser un camino liberador de fuerzas dictatoriales; mientras que para los segundos, la eliminación de la restricción trae consigo el Apocalipsis y la anarquía.

¿Por qué siempre que discutimos tendemos a la polarización en términos absolutos? La verdad es que en muchos países existe esta restricción y, por ello, no ha dejado de existir la democracia; otros no la tienen y sus sistemas viales no han colapsado.

A lo mejor la respuesta no está en la discusión filosófica, sino en las políticas de vialidad.

Llama la atención como el argumento original de MOPT (ahorro de combustible) se transformó rápidamente en uno de vialidad, esto deja dudas en cuanto a sus premisas.

Aun sin conocer la sentencia constitucional, causa preocupación que el MOPT esté buscando un portillo para brincarse al tribunal constitucional. La celeridad con que se tramitó laLey de tránsito llevó a muchos yerros. El haber olvidado que la imposición de sanciones y multas es materia de ley, provocó un fallo desfavorable.

¿Por una cabezonada vale la pena arriesgarse a que la Sala vuelva enmendarles la plana? Definitivamente el urgentismo es un mal acompañante.