/Juan Fernando Lara

La crisis política en Honduras hace que el retorno del destituido presidente Manuel Zelaya sea casi imposible o al menos no estaría libre de un choque entre la población.

Aunque algunos diputados, como Argentina Valle, se manifestaron en forma tardía contra del golpe de Estado, señalan que se debe seguir un proceso legal, algo que rechazan los simpatizantes del depuesto presidente.

La crisis se agudizó ayer domingo, horas después que el cardenal Óscar Andrés Rodríguez pidiera al presidente depuesto que no volviera en estos momentos al país.

Zelaya intentó ingresar en un avión venezolano al territorio hondureño y llamó (a través de las cadenas CNN y Telesur) a sus simpatizantes a romper una valla en el aeropuerto internacional de Tegucigalpa y quitar camiones militares ubicados en la pista.

El resultado fue un muerto y unos 10 heridos cuando militares dispararon contra los manifestantes que intentaron ingresar al aeropuerto.

“Era predecible el resultado, en este momento no se puede garantizar la vida del presidente ni de los manifestantes, hay que esperar el diálogo internacional”, dijo el analista político, Juan Ramón Martínez.

Esperando el embargo

Pero el diálogo esta casi muerto con la suspensión de Honduras de la OEA y la condena internacional del golpe de Estado. Honduras se prepara para el aislamiento internacional y parece darse un consenso nacional para ello.

Mientras la nueva secretaria de Finanzas, Gabriela Núñez, hace números sostiene que el país puede sostener unos seis meses un bloqueo comercial, tiempo señalado para realizar las elecciones presidenciales y toma de posesión de un nuevo Gobierno.

La nueva administración se ha comprometido a mantener la estabilidad del lempira frente al dólar, firmó acuerdos con transnacionales petroleras para garantizar el flujo de combustibles y llamó al sector empresarial a evitar un alza de precios.

“No hay marcha atrás. No solo nos preparamos para el aislamiento político, también para el comercial que confiamos no ocurra pero que tenemos que evaluar. Aquí se respetará la Constitución”, sostuvo el canciller nombrado, Enrique Ortez Colíndres.

Para el asesor del nuevo Gobierno, el excanciller Carlos López Contreras, la respuesta de la OEA parece más una de la izquierda política que la de un órgano de respeto a la no intervención.

“Nos están tratando peor que a Corea del Norte o Irán que tienen armas nucleares, nadie dice nada de las amenazas de Chávez de invadir al país ni de la intervención de presidentes que quieren volver a poner a Zelaya, sin conocer el proceso constitucional”, precisó.

Contrastes democráticos

La Constitución hondureña, vigente desde 1982, contiene 375 artículos y está blindada para su reforma. El principal delito político del que se acusa a Zelaya fue emitir un decreto ejecutivo llamando a una consulta pública para emprender una reforma.

De acuerdo con la Carta Magna el presidente electo no tiene poder absoluto.

“Existen tres poderes (Presidencia, Congreso y Corte Suprema) coordinados entre sí pero independientes y sin relaciones de subordinación. Esto evita abusos entre poderes y obliga a respetar la ley, pero en el exterior se piensa que es un sistema presidencialista”, dijo el titular del Colegio de Abogados, Óscar García.

El abogado agregó que a Zelaya se le debe permitir su ingreso y proceder a su captura, aunque reconoce la debilidad en los sistemas de seguridad.

“La ley tiene que aplicarse hoy, mañana o en el futuro, él deberá responder a los alegatos, pero la ley también contempla aplicar medidas sustitutivas y puede ser escuchado en libertad. El problema radica en que sus simpatizantes estarían afuera de un juzgado y con lo que hemos visto no hay seguridad en este momento”, explicó.