Danilo Chaverri

Hace algún tiempo se discutía sobre si era o no necesaria una reforma fiscal en un país que quiere desarrollarse a pesar de que la carga tributaria promedio de los últimos 10 años es apenas el 13% del Producto Interno Bruto y necesitamos gastar más al menos en educación, infraestructura y seguridad.

Otros opinaron que aumentar la carga tributaria va en perjuicio de la producción y la competitividad y que podría lograrse un ordenamiento de las finanzas públicas por disminución del gasto y reordenamiento en la asignación de recursos.

Hoy la discusión deviene en irrelevante porque “ahorramos” mediante posposición de inversiones, gastos indispensables y maniobras monetarias en la deuda pública, para lograr cierto equilibrio temporal de las finanzas públicas que no resistió la primera ventolera de la crisis mundial. No solo eso, además tiene al Gobierno en acongojada contemplación frente al cuadro dantesco de un déficit que ya va por más de ¢400.000 millones y nos introduce en el círculo vicioso de pedir prestado para gastos ordinarios y para el pago de intereses de la deuda.

Mientras tanto la sociedad está como el niño que espera el castigo por su falta, contando los segundos que faltan para que venga la arremetida.

No se trata ya de hacer filosofía política o teorización económica sobre los impuestos, hay que dotar de recursos sanos al Estado sin dilación, porque cada día que pasa crece la ola de la insuficiencia fiscal; por eso, no es válida la posición de posponer el planteamiento fiscal hasta que pasen las elecciones, pues ya debió haber empezado la búsqueda de acuerdos.

La solución del problema que nos abruma debería propiciarla el Poder Ejecutivo mediante el diálogo con los diversos sectores para generar un consenso que facilite la aprobación legislativa. Una propuesta fiscal de choque no augura una solución pronta y, por el contrario, puede incrementar la conflictividad social dada las brechas y desequilibrios que ya son irritantes.

El sector privado debe entender que la inestabilidad social, económica y política dañan más que un impuesto. El sector laboral debe comprender que sin impuestos disminuirá la calidad de los servicios públicos y se corre el riesgo de que no existan medios para el pago de salarios, pensiones y ayudas sociales directas.

Nunca hay un buen momento para proponer impuestos. El presidente saliente no querrá atizar la hoguera en el proceso electoral, la persona que resulte electa no deseará involucrarse en las disputas intersectoriales que genera la discusión de impuestos; ni correr el riesgo de caer en el monotema fiscal, esperando una solución que quizá nunca llegue o se produzca cuando ya el mal se es endémico.

La oposición, cualquiera que sea el resultado de las elecciones, podría reaccionar negativamente por un malentendido cálculo político sin darse cuenta de que al final de la nueva administración podría ganar pero recibiendo un país en ruinas.

Es urgente una reconversión política de los actores sociales para encontrar una fuente fiscal adecuada por el monto que produzca y eficiente por los mecanismos de recaudación. En el orden de una solución inmediata debe revisarse con realismo la canasta básica, para proteger al menos el ingreso y la capacidad de consumo indispensables. Esto podría permitir una solución práctica e inmediata, por ejemplo la elevación del impuesto sobre las ventas al menos en dos puntos.

Así podríamos llegar a una reforma fiscal de socorro pero deberíamos continuar trabajando por una reforma fiscal de desarrollo que propicie en el mediano plazo el cierre de las brechas y el incremento de la producción, redefiniendo entre otras la política monetaria y la de tasas de interés.