Isabel Cristina Araya

Con frecuencia escuchamos quejas de empresarios y ciudadanos sobre el sinnúmero de trámites en cualquier transacción: desde abrir un nuevo negocio hasta sacar una constancia.

Pese a grandes esfuerzos, el país pierde posiciones a nivel mundial en indicadores como el Doing Business , y la burocracia se califica como una de las principales trabas al ciudadano.

¿Es realmente poco el esfuerzo que se ha hecho? La respuesta es NO. Un balance del progreso en la materia da resultados y logros positivos: 170 proyectos de simplificación en los últimos 10 años, han permitido al país avanzar en temas cruciales para el desarrollo.

La unidad técnica de Mejora Regulatoria del MEIC, el Programa de Competitividad y otras instituciones que creen en la necesidad de mejorar la Administración Pública han impulsado proyectos de relevancia para el ciudadano y el sector productivo, entre los más recientes: Catálogo Nacional de Trámites, Guía para transporte de materiales peligrosos, Trámites de los regímenes especiales de exportación, armonización de los registros centroamericanos de cosméticos y productos higiénicos, con gran impacto en el comercio interregional.

Además, se trabaja en el desarrollo de sistemas que permiten al ciudadano y empresario realizar y dar seguimiento en línea a sus trámites. Entre ellas destacan: el Certificado Veterinario de Operación, Registro de Empresas y Residencias Temporales, Formalización de Empresas para actividades de bajo impacto sanitario, Expediente Digital en Setena, Visado de planos y permisos de construcción para Viviendas y otros proyectos en ejecución.

Si el trabajo es abundante, ¿por qué el avance no es el esperado y otros países toman delantera? La respuesta se puede resumir en tres aspectos clave.

1. La mejora regulatoria debe ser parte de una Política Integral del Estado, con inclusión explícita en la Agenda Nacional y asociada al Plan Nacional de Desarrollo y Presupuesto Estatal, no debe obedecer a objetivos aislados. Cada entidad debe tener un plan de simplificación de trámites de alto impacto para el usuario; ligado a un sistema de rendición de cuentas y de escrutinio nacional. El tema debe ser apoyado desde la Presidencia de la República, a fin de pedir cuentas a los jerarcas de instituciones y no depender solo de la buena voluntad de algunos.

2. Es necesario frenar la emisión de leyes que se contraponen, duplican o complican el marco legal existente. Con instrumentos como la Evaluación Costo Beneficio de las regulaciones y la Directriz Presidencial de Moratoria, la actual Administración realiza esfuerzos para evitar nuevos reglamentos que crean requisitos y trámites innecesarios.

Los esfuerzos deben llegar a la Asamblea Legislativa, los grupos políticos deben ser conscientes de la trascendencia de emitir leyes bajo los principios de la Mejora Regulatoria. Un análisis de impacto en la tramitología debe ser una condición sine qua non.

3. Trascender a los decretos ejecutivos y pasar a reformas de ley, que permitan realizar cirugía mayor. Hasta la fecha, la simplificación de trámites se limita a la vía del decreto ejecutivo, insuficiente ya que en muchos casos las complejidades se presentan a nivel de la ley. Por ello, se debe fomentar el consenso político en pos de reformas puntuales a leyes claves, que le permitan al país ser más competitivo.

Resulta indispensable iniciar con la adición de sanciones a la Ley 8220, y dar potestad de criterio vinculante a la Unidad Técnica de la Comisión de Mejora Regulatoria, pues hoy cualquier criterio técnico emitido es simple recomendación. Las reformas se encuentran en la corriente legislativa y están listos dos proyectos más.