Como parte del proyecto de cobertura electoral, Tribuna Pública-Agenda de desarrollo, publicamos las propuestas en materia social de los candidatos a la Presidencia de la República. El tema, de medular importancia, nos obliga a varias reflexiones.

Primero, la importancia del crecimiento y la estabilidad económica como mecanismo para aumentar el bienestar de la población. Sin embargo, el crecimiento económico por sí solo no se va a traducir en forma automática en una reducción de la pobreza. Se requiere de una eficaz política pública destinada a mejorar la productividad y las remuneraciones en el mercado laboral de las personas en condición de pobreza y a proteger a la población pobre que no puede integrarse al mercado laboral.

Segundo, el papel de las políticas universales. Hay políticas sociales destinadas a toda la población, independientemente de su condición de pobreza. Este es el caso de las políticas educativas y las políticas de salud. Entre otras cosas, estas políticas desempeñan el doble papel de mejorar el bienestar de la población y de formar el capital humano clave para el proceso de desarrollo económico.

El acceso de la población pobre a estos programas es clave en la tarea de abatir la pobreza en forma permanente y en romper los círculos que la reproducen. En Costa Rica, las políticas de salud han sido exitosas en llevar sus servicios a la población en condición de pobreza, pero no se ha logrado en materia educativa. La crisis de inicios de los ochentas redujo el acceso de los jóvenes de hogares pobres a los colegios. Desde mediados de los noventas, el país retomó el esfuerzo por universalizar la educación secundaria pero prevalece la exclusión de algunos sectores.

En tercer lugar, la fortaleza de algunos programas selectivos para el combate a la pobreza, como el bono de vivienda, los comedores escolares, los programas de nutrición de los niños y el financiamiento del Estado de atención de las personas pobres en la CCSS. Estos programas, con defectos que deben corregirse, tienen permanencia y estabilidad en la política social. A estos se ha unido el programa Avancemos, en la actual administración. El problema que tienen es que no llegan en forma efectiva a su población meta. Hay población pobre excluida. Este resultado no es de extrañar, dado que no existe un sistema efectivo para realizar la selección de la población beneficiaria.

Una cuarta consideración sobre el tema es la ausencia de una visión de largo plazo. Así como hay cinco grandes programas que dominan la política social focalizada, también hay multiplicidad de programas pequeños y dispersos. En las campañas electorales hay un gran voluntarismo en los partidos para proponer nuevos programas (muchas veces son los viejos programas con nuevos nombres adecuados para el mercadeo político) con promesas de resultados inmediatos en el combate a la pobreza. Con una visión de corto plazo, no se pueden construir programas eficientes para combatir a la pobreza, que es un fenómeno de largo plazo y tan solo se estaría haciendo populismo.

Otro aspecto: no hay una estrategia integrada. Los programas selectivos de combate a la pobreza padecen de falta de integración y de visión común, lo cual no permite aprovechar sinergias, ni reducir el costo de su administración. No existe una institucionalidad que permita una rectoría eficiente del sector social para el diseño, seguimiento, coordinación y evaluación de los programas. En el pasado y en el actual Gobierno, el tema de la rectoría no se ha logrado resolver en forma permanente. En la actualidad, la rectoría está ubicada en el Ministerio de Salud por razones coyunturales, lo cual no contribuye a la creación de una institucionalidad permanente. Las propuestas de los partidos muestran debilidades en esta materia.

Las fortalezas y debilidades de la política social deben debatirse en forma profunda y responsable por los actores de la campaña electoral. Pasada esta, deberíamos buscar puntos de acuerdos para construir una mejor institucionalidad de la política social y obtener mejores resultados.