Maynor Antonio Mora

Es necesario partir de la premisa de que una política social universal y eficiente es el mejor mecanismo para garantizar el bienestar humano y la sostenibilidad del desarrollo e incluso del crecimiento económico. Una política social eficiente y sostenible se traduce en la mejor política económica de este o cualquier otro país, y no a la inversa.

En Costa Rica, urge una serie de medidas que permitan garantizar dicha eficiencia y sostenibilidad desde el punto de vista institucional. Tareas que se plantean en parte como responsabilidad del próximo gobierno y que en el actual marco de la crisis sistémica del modelo económico global, no pueden posponerse, sin poner en peligro los procesos de integración social democrática y el bienestar y seguridad de la población.

En primer lugar, se requiere la definición de una política social global con clara identificación de sus objetivos a mediano y largo plazo, que permita claridad en cuanto a las metas del desarrollo social y posibilite ordenar las distintas instituciones, programas, proyectos y acciones sociales. Sin esta definición, no se podrá cumplir con la exigencia de integrar las distintas políticas específicas, superando la dispersión, la duplicidad y la falta de continuidad. Esto trae como exigencia adicional la integración y centralización de esas políticas desde el punto de vista institucional y legal.

Aquí es donde el planteamiento de una autoridad rectora en materia social tiene importancia. Se requiere, además, voluntad política, desde los distintos ministerios, instituciones autónomas, incluidos los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil, que permita superar la falta de organicidad de las políticas sociales, y en algunos casos la motivación partidaria (incluso electoral) de las propuestas en esta materia.

En segundo lugar, se requiere realizar una distinción ideológica entre dos grandes áreas. Por un lado, las políticas de combate a la pobreza que deben orientarse como mecanismos de potenciación de capacidades, que permitan superarla estructuralmente, es decir, medidas con un fuerte componente económico. La diferenciación analítica entre política social y económica limita el alcance temporal de las medidas contra la pobreza, y hace proclive el retorno del deterioro social.

Por otro, políticas preventivas universales en materia de salud, educación, seguridad social y ambiental, sistema de pensiones que permitan la estabilidad de la seguridad de las y los habitantes. Aquí se puede pensar en una posible ampliación de los regímenes de protección, bajo otro formato de soporte económico, e incluso de cargas laborales y tributarias; específicamente la posibilidad de un seguro de desocupación en caso de paro involuntario, utilizado en todos los modelos avanzados de bienestar social.

En tercer lugar, se requiere de una nueva cultura de lo social. La dispersión, politización y falta de organicidad ha hecho proclive la política social al clientelismo, la visión del “pobrecito” y la corrupción abierta, como aconteció durante los años noventas. El control interno del sistema de bienestar debe estar acompañado de una cultura de vigilancia social y de justicia en todo el sistema.

Se deben clarificar aspectos ligados al dimensionamiento de la relación entre lo central-universal y lo local-focal. Ningún modelo puede obviar la necesidad de la participación comunal, incluso en el diagnóstico de necesidades y la propuesta de programas y proyectos focales donde sea necesario. Esto sin violentar las políticas universales de salud, educación y seguridad. La participación comunal en la propuesta, manejo y evaluación de impacto de la política es urgente, así como reformas relativas a la gestión de los gobiernos locales, la asignación de recursos y la administración del sistema de bienestar.