En Tribuna Pública (Agenda de desarrollo y Debate), correspondiente a la cobertura del proceso electoral del 2010, el tema de la seguridad ciudadana, máxima preocupación nacional, ocupa un lugar preferente.

Los datos y las opiniones de los expertos son elocuentes. Sus voces, eco de una polifonía constante y adolorida , se encaminan, in extremis, a un solo objetivo: “no caer en el abismo”, título de tres artículos recientes del expresidente de la República Kevin Casas enLa Nación .

Esta no es desgraciadamente una hipérbole. Es el dictado de los hechos bajo el alero de una sinonimia común de inseguridad ciudadana: crimen organizado, lavado de dinero, corrupción, narcotráfico, en todas sus ramificaciones; consumo de drogas, violencia callejera (de adultos y jóvenes), impunidad, violencia familiar, acoso contra las escuelas (mercado futuro de la droga), cultura del guaro, sin límites de edad; ataques contra la institucionalidad, todos datos indicadores de una pérdida creciente del sentido de la vida, del Estado de derecho y del contenido de los valores éticos en nuestra sociedad.

Vano ejercicio sería repetir las cifras más relevantes de la inseguridad ciudadana. Forman parte de la vivencia cotidiana informativa, cuyo desenlace aterrador podría ser la declinación de la capacidad de asombro de la gente o, lo que es lo mismo, la trivialización o banalización del mal. Nos detenemos en dos datos: la ciudad de Limón y la tasa de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Esta ascendió, según apuntó en EF el fiscal general, Francisco Dall’Anese, al 8,2 en el 2007 y en el 2008 dio un salto al 11,2. Un crecimiento del 37%, igual que México. Según la Organización Mundial de la Salud, a partir de 10 homicidios por 100.000 habitantes, se convierte en un problema serio de salud pública. Debe tenerse en cuenta que en nuestro país solo se documenta el 23% de los actos delictivos. El desprecio por la vida marca el paso del descenso de la convivencia ciudadana y, por lo tanto, el de la desintegración social.

Lo dicho y lo mucho que no se dice por conocido y sufrido no es la instancia superior de la inseguridad ciudadana. La instancia peor tiene dos caras: el Estado costarricense no ha tomado en serio esta patología social, incrustada en el cuerpo y en el alma de nuestro pueblo, por lo que, en consecuencia, estamos indefensos. Tampoco esta es otra hipérbole por cuanto, mientras nuestro país no se rija, en esta nueva dimensión de la guerra, por una estrategia concreta, solidaria, eficaz y visionaria, a largo y corto plazo, fruto del conocimiento y de la experiencia de los que saben, y no de la improvisación o de la sola buena voluntad, cada vez nos acercaremos más al punto del no retorno, esto es, a la caída en el abismo.

Esta conclusión figura en el primer párrafo de nuestro reportaje publicado sobre la seguridad ciudadana y sobre las propuestas insuficientes, sin visión de conjunto, de los candidatos a la Presidencia de la República. Esta miopía es sobrecogedora. El enemigo está en nuestra casa y los aspirantes al poder político hacen tertulia. La misma crítica recae sobre el gobierno actual, más interesado en anunciar asambleas constituyentes para simular soluciones o en contentarse con leyes parciales que formular una estrategia específica con el concurso interdisciplinario, nacional o internacional, del conocimiento y la experiencia de quienes saben y pueden sacarnos de la rutina.

En materia de seguridad, exigimos un liderazgo vigoroso, capaz de entender que estamos frente al más grave y angustiante desafío en nuestra historia. Este liderazgo inspirador y visionario debe arraigarse en el Ministerio de Seguridad Pública, cuya titularidad no puede ser el resultado de un juego político y, menos, de un acto de complacencia, sino de una decisión de estadista, cuya primera obligación es defender y promover la seguridad de los habitantes. Esta falla o cortedad de miras para sentir y valorar la angustia de la gente y para trazar una estrategia consecuente con la magnitud del desafío no debe continuar. Se trata de la vida, de la integridad física, de la dignidad, de la propiedad, de cada familia y de la propia libertad.