La agricultura costarricense ha tenido un aporte protagónico en el desarrollo de nuestro país.

Desde los albores de la independencia, Costa Rica descubrió y aprovechó sus ventajas comparativas en el sector y abrazó al comercio como instrumento para materializar el esfuerzo del labriego.

Luego de la crisis de los ochentas, la agricultura lideró la transformación del país e insertó a Costa Rica definitivamente en la economía global.

Hoy no es la excepción. La agricultura aporta un 7% al PIB, genera un 35% de las exportaciones y brinda empleo al 12% de la población económicamente activa.

Son números suficientes y convincentes para que el sector merezca la atención debida de los gobernantes.

Sin embargo, durante las últimas administraciones, la política agrícola ha sido poco coherente y regresiva.

El Gobierno se ha concentrado en apagar incendios, las autoridades tienen una alta rotación, son capturadas fácilmente por los grupos de interés y se ha tenido pocos resultados en los grandes proyectos de transformación del sector.

Protección arancelaria

Hasta ahora, el principal instrumento de la política agrícola ha sido la protección arancelaria a los productos sensibles: arroz, carne de res, cerdo, pollo, lácteos, cebollas, frijoles y papas.

Un arancel es un impuesto al consumo –donde paga más quien menos tiene– y es al mismo tiempo un subsidio a la producción –donde recibe más quien más produce–.

El total de las transferencias anuales de los consumidores hacia los productores agrícolas se estimó en el 2003, por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en casi US$200 millones (más de dos veces el presupuesto del Ministerio de Agricultura).

El impacto del arancel sobre la productividad agrícola es mínimo, mientras que es evidente su efecto regresivo sobre los consumidores y la repartición de rentas entre muy pocos.

Esta situación fue denunciada en el 2004 por la Contraloría General de la República, refiriéndose en ese entonces al caso específico del arroz.

Debe haber un cambio. No debe confundirse política agrícola con protección arancelaria.

La política agrícola debe ser proactiva y transparente.

Si existe interés en promover alguna actividad específica donde el país tenga ventaja comparativa, el apoyo debe darse sobre la base de criterios objetivos e instrumentos precisos que eviten derrames negativos sobre el ambiente y los más pobres.

Los recursos deben provenir del fisco y no de transferencias de los consumidores hacia los productores.

De esta manera, habrá mejor rendición de cuentas, racionalidad en el gasto y equidad en la distribución de fondos públicos.

En este contexto, los consumidores costarricenses, que somos todos, resultaremos beneficiados finalmente.

Esto es prioritario

La promoción de la competitividad de la agricultura a través de la innovación, el comercio exterior, la calidad, la sanidad agropecuaria y la inocuidad de los alimentos, todo en el contexto de una bien entendida seguridad alimentaria, debe ser la prioridad del nuevo gobierno.

Esto, sin embargo, requiere de capital humano y una adecuada institucionalidad.

El país cuenta afortunadamente con un grupo de profesionales preparado y comprometido con la agricultura.

La tarea pendiente es adecuar la institucionalidad a las demandas de la agricultura competitiva y sostenible. La acumulación de fracasos en la restructuración de la institucionalidad agrícola debe servir de experiencia para no cometer los mismos errores.