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Esta figura, que significa para una persona física lo que la declaratoria de quiebra implica para una empresa, se aplica a cualquier asalariado que no pueda hacer frente a sus deudas, pero es poco conocida.

Para optar por la opción de la insolvencia el deudor debe tener al menos dos acreedores que confirmen la obligación y estar en mora legal.

Esta condición –que no se conoce si ha sido aplicada con anterioridad– fue declarada para un deudor del sistema financiero el pasado 22 de julio, por el Juzgado Concursal.

Se trata de una persona que, con un salario de ¢2 millones, tenía deudas por más de ¢70 millones. El caso lo lleva el bufete D&N Servicios, donde labora el abogado Luis Pereira, encargado de desempolvar esta figura legal.

Ventajas. Al ser declarado insolvente, se congelan los intereses de todas las deudas contraídas por el deudor, con lo que se evita el crecimiento de estas y se logra cancelarlas en un tiempo mucho más reducido.

Además, permite al deudor poder enfrentar sus obligaciones financieras sin el peso de los intereses.

Empero, no todo es color de rosa.

Condiciones. Al deudor se le embargará el salario por un monto que puede ser cercano al 15%, para garantizar que con el resto se cubra sus necesidades de subsistencia. El cálculo de ese porcentaje puede variar dependiendo de diferentes variables.

Ese porcentaje se destinará mensualmente a pagar a los distintos acreedores que se apersonen a hacer el reclamo de pago. En caso que alguno de ellos no lo haga, la distribución del dinero se realiza sin ellos, lo que beneficiaría al deudor.

El insolvente además tendrá impedimento de salida del país hasta que sus deudas sean saldadas y su condición de “quiebra” sea levantada.

Además, cualquier bien que adquiera como un automóvil, por ejemplo, podría ser intervenido judicialmente en cuanto sea detectado.