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Deterioro en la inspección laboral
Este gobierno registró la mayor caída en inspecciones a empresas de la década
Edición 755La Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, órgano encargado de supervisar el cumplimiento de las normas laborales en el país, vive un debilitamiento en su capacidad de fiscalización.
Por dar un ejemplo, del 2000 a los primeros dos meses del 2009, esta dependencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ha bajado en una decena la cantidad de inspectores de trabajo. Su peso en relación con los empleados de la organización cayó en un 15%.
Mientras en el 2000 había 101 inspectores que representaban el 75,4% del total de funcionarios de la organización, a febrero del 2009 el dato cayó a 91 trabajadores.
Además, la cantidad de inspectores por trabajador se ha reducido, con un efecto sobre la fiscalización en el cumplimiento de las normas laborales.
En 1995, cada inspector de trabajo debía tutelar los derechos de 19.148,4 trabajadores e inspeccionar 1.172; para el 2008, la proporción aumentó a 21.752 trabajadores y 1.324 patronos.
Es decir, tras 13 años, cada inspector se vio obligado a proteger derechos de 12% más trabajadores y fiscalizar una proporción adicional igual de patronos.
Para oscurecer más el panorama, si bien del 2006 al 2009 los recursos para verificación de cumplimiento normativo aumentaron, el peso dentro de todo el presupuesto del MTSS ha caído.
En el 2005 su porcentaje dentro del presupuesto total era de 10,44%; en el 2006 subió a 19,77%. Sin embargo, el año pasado regresó a los niveles del 2005.
En malas condiciones
Las visitas para fiscalización legal han sido irregulares y muy bajas en años anteriores.
En el 2008 (dato más actual disponible), se realizaron 12.064 visitas de supervisión en lugares de trabajo; sin embargo, durante el gobierno actual se registró el número más bajo de la década: 8.669.
No todas las inspecciones se realizan de oficio o por iniciativa del MTSS, sino que también responden a las denuncias presentadas por trabajadores.
Sin embargo, la mayoría, un 63%, responde directamente a la acción voluntaria del gobierno, afirmó Franklin Benavides, coordinador de la Unidad de gestión de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo.
Escasa cobertura
Esta falta de ingresos estaría afectando la cobertura de la inspección laboral en zonas donde más se irrespetan derechos.
Según Benavides, del 2000 a la fecha se han construido indicadores de infraccionalidad laboral por sector y territorio para enfocarla a sectores de mayor vulnerabilidad, pero la falta de ingresos lo impide.
“No se cuenta con medios de transporte necesarios para cumplir con un programa de visitas definido por la vulnerabilidad laboral”, aseguró Benavides.
Por lo tanto, muchas de las inspecciones se realizan en centro de población cercanos a las oficinas de inspección laboral, que hasta el 2009 eran 30.
Además, en 20 años solo se han creado tres oficinas de inspección adicionales.
EF solicitó una explicación al ministro de Trabajo, Álvaro González, pero por medio de su departamento de prensa aseguró que respondería esta semana las consultas en vista de su complejidad.
Efecto sobre salario mínimo
Dada la correlación entre el incumplimiento de las normas laborales y la pobreza, Miguel Gutiérrez, director del Estado de la Nación, asegura que es necesaria fortalecer la inspección por parte del Ministerio de Trabajo.
Según el más reciente informe del Estado de la Nación, uno de cada tres trabajadores costarricenses gana menos del salario mínimo.
Ese informe subraya la necesidad de contar con una política de empleo que vigile el cumplimiento de los derechos laborales de la población.
El efecto negativo de esa evasión resulta dramática: si esa población recibiera al menos el mínimo de ley, en el 2008 la pobreza habría bajado en 6,6 % .
Mayor información
Desde la óptica empresarial y sindical surgen soluciones adicionales ante el debilitamiento de la inspección.
José Salas, asesor de desarrollo de capital humano de la Cámara de Industrias, aseguró que el sector siempre ha propugnado por el fortalecimiento de la de la oficina de inspección laboral, pero advirtió que el foco del problema es el desconocimiento público del salario mínimo.
“Se ha detectado que la causa principal de errores en el pago (del salario mínimo) radica en el desconocimiento de las leyes laborales, tanto de la parte del empleador como del trabajador”, enfatizó.
También atribuyó la evasión del pago del salario mínimo a que el 40% de la fuerza laboral costarricense trabaja en el sector informal.
En defensa del sector que representa, Salas afirmó que las industrias agremiadas pagan un 30% por encima del salario mínimo, según cifras de la Cámara.
Para Salas, la Dirección de Inspección debe contar con más recursos, equipo tecnológico, capacitación, regionalizar las oficinas y recibir asistencia internacional.
Por su parte, el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, aseguró que aunque se triplique la cantidad de funcionarios que inspeccionen el cumplimiento legal, el problema no se resuelve.
A su juicio, es necesario el funcionamiento libre de sindicatos en la empresa privada.
“Así se logra un equilibrio entre las dos partes ”, afirmó.
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