Aún resuena el fragor de la pasada campaña electoral, y ya hay varios temas en la lista de revisiones pendientes , empezando por el financiamiento electoral.

Las reformas al Código Electoral aprobadas en el 2009 pretendían modernizar las normas electorales, vigentes en su mayoría desde 1952, pero la nueva normativa que incorporó un porcentaje de deuda adelantada, con el sistema de bonos, mostró fallas.

Al final solo el Partido Liberación Nacional (PLN) tuvo acceso expedito al financiamiento, mientras el Partido Acción Ciudadana (PAC), el Movimiento Libertario (ML) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) reclamaron que las condiciones fijadas por los bancos hicieron oneroso el acceso a recursos durante la campaña.

Esto por cuanto las encuestas limitaron la confianza de bancos e inversionistas. Incluso el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) Luis Antonio Sobrado llamó la atención sobre el sistema de bonos por considerar que provoca “inequidad” e insistió en que los partidos políticos deberían reconsiderar la propuesta original del TSE, para aplicar un sistema de acceso para los partidos inscritos a un sistema colectivo.

Esto volvería a poner la atención sobre los requisitos necesarios para inscribir y mantener vigentes a los partidos , que desde el 2002 obliga a renovar periódicamente las estructuras y a cumplir con la cuota de representación femenina.

También quedó para la revisión el tema de las contribuciones, en las que se eliminaron las cuotas para las personas, pero se prohibieron para personas jurídicas. Para los magistrados del TSE, esto ayuda a elevar la transparencia, mientras los tesoreros de los partidos políticos alegaron que se redujeron las opciones, porque a algunos no les gusta que su nombre se vincule con los partidos, por lo que prefieren hacer las donaciones a nombre de una organización.

Pero incluso en el caso de que se mantengan estas reglas, queda un portillo por revisarse: la posibilidad de que las personas jurídicas contribuyan indirectamente , con la compra de bonos que tienen poca posibilidad de obtener respaldo.

Otras modificaciones deberán esperar a las revisiones del TSE, como las nuevas disposiciones para ordenar las finanzas de los partidos políticos. En las campañas desde 1994, se pierde cada vez un monto mayor de la deuda política (6% en 1994, 14% en 1998, 27% en 2002 y 47% en 2006), porque los partidos que tenían esos derechos no lograron respaldar sus gastos. Habrá que esperar los informes de esta campaña para ver si se logró un avance en esta materia, donde hay controles más estrictos... y sanciones penales para algunos incumplimientos.

En el tintero también queda la valoración de la eliminación de los límites para la campaña, así como la pertinencia de gastos como las plazas públicas , que cada vez parecen tener menos protagonismo y sentido en la campaña.