A soltar amarras. La discusión sobre el control de Sintrajap puede llevar meses, pero no evitaría que zarpe el nuevo modelo de gestión en Limón.
Frank Guevara Archivo gn PARA EF

A soltar amarras. La discusión sobre el control de Sintrajap puede llevar meses, pero no evitaría que zarpe el nuevo modelo de gestión en Limón.
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El nuevo modelo para administrar los puertos en Limón zarpará, a pesar de que todavía se disputa la clave para lanzarlo al agua: el cambio en la junta directiva del sindicato de trabajadores de Japdeva (Sintrajap).

Sin embargo, el debate jurídico y legal tiene muy pocas posibilidades de detener este proceso.

Especialistas en materia laboral coinciden en que la clave estará en un aspecto de procedimiento, y no tanto en el veredicto final de tribunales: la posibilidad de que se suspendan las acciones mientras hay una sentencia.

Luis Sánchez, director del departamento laboral del bufete Facio & Cañas, y Fernando Bolaños, profesor de derecho del trabajo y litigante en la materia, coincidieron en que será muy difícil que alguna de las acciones jurídicas impida que continúen las negociaciones de Sintrajap y el Gobierno.

Lucha por el timón

El conflicto por el control de Sintrajap representa la última amenaza al cambio de modelo portuario impulsado por Zapote.

En caso de que se consolide la junta directiva lidereada por Douglas Brenes, el proceso continuará viento en popa, pero si el grupo de Ronaldo Blear retomara el timón de Sintrajap, la negociación naufragará.

El enfrentamiento entre estos dos grupos se desarrollará en al menos cuatro ámbitos diferentes, en los que Blear procurará recuperar el control.

Sin embargo, los embravecidos mares por la representación sindical difícilmente evitarán que zarpe el nuevo modelo portuario, impulsado con insistencia por la administración Arias el último año.

Primero, la junta a derecho es la de Brenes, luego de que el Ministerio de Trabajo le diera la personería jurídica con la resolución 38-DOS-2010.

“Quien es competente de resolver en estos asuntos es el Ministerio de Trabajo, lo que resuelve es válido. Es complicado analizar si lo que resolvió está bien o no, porque se requiere todo el expediente y un detallito podría variar todo el marco de la discusión, pero en principio, si convalidó una junta directiva, sus acuerdos están a derecho”, manifestó Sánchez.

El tiempo al agua

Un segundo elemento es el tiempo. Bolaños comentó que hay muchos elementos que se pueden debatir, como si la asamblea podía reunirse luego de ser suspendida por la junta directiva y el Ministerio de Salud, si podía realizarse pese a no ser presidida por la junta directiva de Blear (la que convocó originalmente), pero son temas que se deberían resolver en tribunales laborales, procesos que duran de dos a tres años.

Mientras tanto, el Gobierno podría continuar la negociación con la actual junta directiva, y concretarla. “Si una sentencia revierte el nombramiento de la actual junta, no afectaría, porque la licitación sería independiente de lo que suceda en el sindicato”, dijo Bolaños.

Esto lleva al tercer punto: es improbable que se dicte una suspensión de los actos del sindicato, mientras se resuelve el caso en los tribunales. Sánchez y Bolaños indicaron que no lo harán los tribunales ordinarios, y que difícilmente lo hará la Sala IV.

Mar de fondo

Empero, una resolución de tribunales, especialmente de Sala IV, a pesar de no ser habitual, podría ordenar suspender los actos.

De hecho, Albino Vargas, secretario general de la ANEP, comentó que en 1984 una sentencia de la Corte obligó al Gobierno a retroceder, específicamente al Ministerio de Trabajo. “Como ahora, fue un ataque a la autonomía sindical, en esa ocasión contra la ANEP, pero ocho meses después, los tribunales ordenaron que se nos devolviera la personería jurídica”, dijo.

Precisamente, Ronaldo Blear trata de que el conflicto no se limite al aspecto jurídico y lo presenta como intromisión del Gobierno en la autonomía sindical. “El Gobierno tuerce la ley, con un 23% de integrantes de Sintrajap quiere anular la Junta que eligió un 72% y que debe funcionar hasta el 2011. Es un golpe para Sintrajap, para le sindicalismo, para que el Gobierno negocie con el Gobierno”, aseveró.

Pero el grupo de Brenes rechaza enfáticamente ser los títeres de Zapote. Brenes insiste en que son representantes de un grupo que primero procuró que se convocara una asamblea para conocer las propuestas del Gobierno, y que luego dio un golpe de timón ante la negativa de dialogar del equipo de Blear.

Concesión a proa

Con este panorama, el Gobierno espera concretar antes de salir el proyecto al que dio impulso prioritario el último año.

El ministro de Obras Públicas y encargado de la negociación en Limón, Marco Vargas, recordó que para poder sacar una licitación mediante la ley de contratación administrativa se requiere de modificar la convención colectiva de Japdeva.

Francisco Jiménez, presidente ejecutivo de Japdeva, consideró que en alrededor de un mes se podría culminar la negociación de la convención colectiva, en la que se incluirá el tema de la indemnización a los trabajadores de Japdeva.

Esto permitiría publicar el cartel para concesionar la administración de las actuales instalaciones antes de que finalice el Gobierno y consolidar el cambio de modelo, de gestión estatal a concesión a un operador privado.

No obstante, se trata de algo más que cambiar el modelo portuario y la dirección de Sintrajap, para convertirse en un precedente sobre el manejo del sindicalismo en el país.

La batalla por la representación del sindicato deberá cruzar cuatro océanos diferentes:

1

Administrativo:

El Ministerio de Trabajo consideró legal la nueva junta, a partir de la Asamblea convocada por la junta de Blear, pero que este intentó desconvocar por la orden del Ministerio de Salud. Para la apelación, las claves son la legalidad de la asamblea del 15 de enero así como la asamblea del viernes 26 de febrero, a su vez desconvocada por la Junta de Brenes. El Ministerio decide en este caso, pero debe justificar su posición.

2

Laboral:

El grupo de Ronaldo Blear puede llevar el caso a los Tribunales de Justicia, pero son procesos que pueden tardar de dos a tres años y no suspenden la ejecución del proceso, con lo que el Gobierno puede seguir adelante con la concesión. Las claves estarán en la legalidad de la convocatoria para la asamblea, el trámite seguido por ambos grupos y determinar si hubo injerencia del Gobierno en la autonomía sindical.

3

Constitucional:

Se puede apelar a la Sala IV, pero se deberá demostrar que se están afectado derechos fundamentales, sea de los trabajadores, o demostrar que se están violando libertades sindicales, la autonomía sindical. La Sala IV sí podría suspender el acto, pero los especialistas en derecho laboral Luis Sánchez y Fernando Bolaños comentaron que la Sala ha incursionado poco en esta área, dejándola a las autoridades respectivas.

4

Internacional:

El caso se puede elevar a la OIT y, de ser admitida la queja, podría analizarla en el Comité de Libertad Sindical (CLS). En caso de encontrar violaciones a los principios de libertad sindical, puede remitir un informe y formular recomendaciones. Debe recordarse que Costa Rica ha firmado convenios sobre materia laboral, que tienen rango superior a la legislación nacional y solo se subordinan a la Constitución Política.

Fuente Consultas EF.