Las complejas relaciones entre el ente rector del sector telecomunicaciones de Costa Rica, el regulador y los operadores surgen en parte de errores de concepción en la legislación.

“La ausencia de gradualidad del proceso de apertura conduce sin duda alguna a la improvisación y a aprendizajes que se dan a costa de la prueba y el error. Estos errores tendrán impacto directo en los usuarios o consumidores así como en el erario público”, cita el cuarto informe “Hacia la sociedad de la información y el conocimiento” que fue dado a conocer ayer lunes por el Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento ( Prosic) de la Universidad de Costa Rica (UCR)..

Según el documento, una de las relaciones que parece ser más complicada es la que se da entre el Viceministerio de Telecomunicaciones y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Pedro Pablo Quirós, expresidente del ICE, dijo a Prosic que si tuviera que calificar la relación de 1 a 10 le daría un 7. “Aduce que existe poca consulta y eso genera demora”.

Por otra parte, la relación entre la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y el ICE tuvo puntos altos y puntos bajos a lo largo del año pasado. Tal vez el punto de más deterioro de la relación se dio en función del pago del canon de regulación que finalmente fue cancelado bajo protesta por parte del ICE.

Además, la relación entre la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) y la Sutel es complicada -de acuerdo con el Informe- pues se estableció una desconcentración máxima, pero existen varias áreas de injerencia directa de la Aresep en Sutel, lo que ha sido fuente de relaciones complejas entre ambos entes.

Así, el documento de Prosic señala que los costos crecientes en materia de regulación se trasladarán inevitablemente a los usuarios .

“Por un lado no puede existir un proceso de apertura sin un ente regulador fuerte. Sin embargo, la compleja relación entre Aresep y Sutel debe resolverse con urgencia. Los niveles de dependencia orgánica provocan complejas tensiones entre ambos que sin duda afectan el proceso de apertura. Estas tensiones no deberían incidir en crecientes costos de regulación”.