De acuerdo con Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), “el conocimiento es el principal movilizador de la economía global actual”.

En este sentido, la innovación y la creación de nuevas empresas basadas en el conocimiento son claves para aumentar el crecimiento económico y el empleo. Por lo tanto, los gobiernos deben darse a la tarea de fomentar la innovación.

El Estado tiene un papel importante en los procesos de innovación. Esto se debe a varias razones: Primero, la innovación puede implicar incertidumbres y riesgos que las empresas no estén dispuestas a enfrentar por sí solas. Segundo, las empresas pueden no contar con los recursos necesarios para llevar a cabo los procesos de innovación y, por último, pueden existir efectos de derrame de la innovación que benefician a múltiples empresas.

En consecuencia, es necesaria una política de inversión pública en innovación. Esta política, además, debe ser capaz de abordar asuntos sociales importantes pero con pocas posibilidades de atraer interés del sector privado, como el cambio climático, la conservación del medio ambiente y el incremento de la producción agrícola en zonas altamente pobladas y de bajos ingresos.

La reciente crisis económica pone en evidencia la necesidad de hacer reformas para aumentar la capacidad de innovación de los países. Cada vez más, el crecimiento y el empleo dependen de la capacidad de innovar.

Más recursos

El aumento en los presupuestos para educación e investigación es parte de los estímulos que muchos países han establecido para fomentar la innovación.

Las políticas de la OCDE claramente contrastan con las propuestas del Gobierno de Costa Rica para el financiamiento de la educación superior.

En Costa Rica, las universidades públicas tienen un papel muy importante en la generación o adaptación de conocimiento mediante la investigación, lo cual favorece la innovación. Según el ranking iberoamericano SIR 2010 del Grupo de Investigación SCImago, las universidades públicas de Costa Rica publicaron 1.375 artículos científicos en el periodo 2003-2008, los cuales fueron incluidos en el índice Scopus producido por Elsevier.

Lo anterior equivale al 86% del total de la producción científica realizada en el país por los 12 centros académicos costarricenses que aparecen en el índice para el periodo en cuestión. Esto es posible debido al presupuesto que las universidades públicas dedican a la investigación, así como al personal calificado y a la infraestructura con que cuentan.

Además de generar nuevo conocimiento, las universidades públicas costarricenses tienen un papel importante en la difusión del conocimiento existente.

Discutir las diferentes áreas sería muy extenso, pero quiero referirme en particular al caso de la informática. Aunque en el decenio 1997-2006 más del 80% de las universidades que otorgaron grados en informática son privadas, las universidades públicas contribuyeron con el 42% del total de los bachilleratos, el 19% de las licenciaturas y el 69% de las maestrías otorgados en esta disciplina, según un estudio publicado el año pasado por Flacso-México y financiado por el IDRC de Canadá.

Esto representa una contribución importante de las universidades públicas en la formación de profesionales calificados en informática para servir de apoyo a las empresas nacionales y multinacionales establecidas en el país.

Los argumentos expuestos respaldan la necesidad de aumentar el financiamiento de la educación superior en procura de mejorar la capacidad de innovación del país para permitirle competir en la economía actual.

En este sentido, bien nos advertía el presidente José María Castro Madriz hace más de 150 años, en su discurso inaugural de la Universidad de Santo Tomás: “Triste el país que no tome a las ciencias por guía en sus empresas y trabajos. Se quedará postergado, vendrá a ser tributario de los demás y su ruina será infalible, porque en la situación actual de las sociedades modernas, la que emplea más sagacidad debe obtener ventaja segura sobre las otras”.