Entramado, maraña, grillete y hasta enredadera. Los calificativos sobran en la boca de aquellos expresidentes ejecutivos y exmiembros de la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que opinaron sobre cuán trascendente es el rol que desempeñan las leyes y los reglamentos en la actual crisis financiera que vive la institución.

Pero la variedad en los adjetivos no se repite en las conclusiones. La mayoría de opiniones convergen en una única resolución: el gasto de la CCSS es inflexible y solo mediante una reforma legal se podría soltar.

Una de las situaciones que requiere de bustirí legal son las leyes de incentivos salariales. Según un informe sobre la situación financiera de la CCSS que preparó una comisión ad hoc para la junta directiva de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), en diciembre del 2010, los sueldos por cargos fijos se habían disparado un 24% con respecto al 2009.

El estudio reveló que los salarios para personal sustituto habían aumentado un 33,7% durante el 2009, con respecto al 2008.

Ese balance puede explicar por qué los ingresos de la Caja, pese a que han crecido durante los últimos 5 años no alcanzaron para sufragar sus gastos básicos durante el 2011. En términos reales, aumentaron un 28%. En cinco años.

Salarios que desangran

Para Eduardo Doryan, presidente ejecutivo de la CCSS del 2006 al 2010, irónicamente los encargados de curar a los pacientes que acuden a los hospitales públicos, los médicos, están entre los principales responsables de enfermar financieramente a la Caja.

Según el exjerarca, durante su mandato, la Caja concentró esfuerzos para impedir que se ampliaran los incentivos para los profesionales de la salud.

A manera de ejemplo, citó la lucha que dio la entidad autónoma para que los diputados no aprobaran la equiparación de los salarios de los trabajadores sociales con los profesionales en ciencias médicas, mendiante un proyecto de ley.

“De haberse dado la apertura de una puerta en esa dirección, el precedente pudo haber conducido a que todas las profesiones adujeran algún vínculo de su formación con el tema de la salud, creando un inmenso portón, disparador imparable del gasto”, alegó el expresidente ejecutivo.

También Álvaro Salas, médico que presidió la CCSS de 1994 a 1998, reconoce que las disposiciones de la Junta Directiva y la legislación salarial llenan de rigidez el gasto de la Caja.

Otro expresidente ejecutivo, Rodolfo Piza, quien llevó las riendas de la Caja desde 1998 hasta el 2002, enfiló sus baterías hacia el crecimiento desmedido que sufrió la planilla de la institución durante la administración pasada. Esa situación, narró, disparó el gasto de la entidad en planillas de un 50% a un 58% en el lapso de 5 años.

El problema financiero actual que vive la Caja, en opinión de Piza, se debe a que en el último quinquenio el personal empezó a crecer a un ritmo del 6% anual, y no el 4% que venía creciendo de forma natural. “En épocas malas, cuando los ingresos de la institución crecen entre un 4% y un 6%, como en los últimos años, es obvio que el personal no podía crecer más de un 2% anual, porque sus finanzas se iban a desequilibrar”, recalcó.

Leyes tóxicas

Los expresidentes ejecutivos Salas y Doryan coinciden en que es urgente meter el bisturí en el cuerpo normativo que rige a la CCSS.

Salas dijo que uno de los puntos clave en el debate sobre la maraña legal es actualizar la Ley de Creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, para enfocar el gasto en la atención primaria de la salud; es decir, ofrecer únicamente los servicios que sea posible financiar con los recursos disponibles.

“La seguridad social es darle a todos algo y no todo a unos pocos. Como país, debemos armar un debate en torno a temas tan sensibles como si la Caja debe adquirir tratamientos de hasta $200.000 para una persona que tiene cáncer y que no va a sobrevivir más de 5 meses ¿Debe Costa Rica recurrir a eso? Si la respuesta es sí, entonces tenemos que recortar en otros rubros”, estimó Salas.

No obstante, el médico cree todavía más urgente abordar las sentencias de la Sala Constitucional que obligan a la Caja a adquirir medicamentos y tratamientos que han causado un importante desbalance económico en la entidad autónoma.

“Costa Rica es uno de los pocos países del mundo donde el derecho a la salud no está estipulado en la Constitución Política, creo que es el momento de tomar esa decisión, para abrir un espacio en la prestación de servicios de salud al sector privado bajo la tutela del Estado”, recomendó.

Hay otras intervenciones por hacer. Doryan señaló la ley 6836 de 1982 y la ley 8423 de 2004, entre las normas que han inflexibilizado y multiplicado el gasto de la CCSS, a punta de incentivos para profesionales médicos.

Agregó que cuanto menos crezca el empleo y, por lo tanto, las cotizaciones a la CCSS, más rigurosas deberán ser las reformas legales que se impulsen.

Por el contrario, Rodolfo Piza no considera sustantivo iniciar una cruzada de reforma a la leyes que afectan el desempeño financiero de la Caja porque lo urgente. En su opinión, es poner de inmediato el dedo en el renglón del gasto y meterlo en la llaga de la recaudación.

“A diferencia del Estado, la Caja no puede trasladarle el déficit al resto de la sociedad. Hay que contener el crecimiento del gasto, no hay otra salida”, sostuvo.

Bernal Aragón, exdirectivo de la CCSS y actual director general del Hospital Clínica Bíblica, concuerda en que la CCSS tiene suficiente margen legal para regular sus gastos, por lo que una reforma a las leyes no es imperativa.

Por el contrario, su posición es que la implementación de sistemas automatizados debe ser la prioridad para disminuir y controlar mejor los costos.

Para el abogado, echar mano de la alta tecnología que permita el uso del expediente electrónico integrado, el manejo automático de las citas médicas y otros procesos, derivará en el ahorro de gastos por planilla y otros rubros.

“Lo importante para la Caja es contar con más personal médico que administrativo; además, la entidad tiene la potestad constitucional de tomar decisiones sobre cómo invertir sus recursos de mejor manera, a lo cual debe abocarse de inmediato supere la crisis actual generada por el incremento en su planilla”, dijo.

Quirófano Legislativo

En cualquier caso, es inminente que este paciente deberá pasar por las manos y el estetoscopio de los diputados.

La diputada Carmen Granados, gerenta del tema de salud en la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), no descartó que al finalizar el trabajo de la comisión legislativa que investigará a la Caja, esta recomiende al Plenario uno o varios proyectos de ley para remediar la situación de la entidad.

Por su parte, Luis Gerardo Villanueva, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), confirmó que su bancada analiza la necesidad de impulsar reformas que ayuden a la Caja a recuperarse financieramente.

Entre las normas que podrían reformarse en un nuevo proyecto de ley, Villanueva citó la Ley de Incentivos a los profesionales en Ciencias Médicas , el Estatuto de Servicios de Enfermería y otros que le restan discrecionalidad a la junta directiva en materia de fijación salarial.

“Primero la comisión tiene que determinar si los pluses salariales de los profesionales están racionalmente asignados y, además, hay que determinar cuáles son los otros disparadores para pensar después en eventuales reformas legales en ese sentido”, recalcó el liberacionista.

Villanueva agregó que el debate a nivel de cambios a la normativa existente debería incluir el análisis sobre el modelo de prestación de servicios de salud públicos, para adaptarlo a las circunstancias actuales del país.

El diagnóstico del PLN no será único. José María Villalta, diputado del Partido Frente Amplio, indicó que impulsará varias reformas a las leyes actuales que regulan la Caja.

Una de sus recetas será eliminar la presidencia ejecutiva de la Caja, vía reforma a la ley constitutiva.

Villalta, además, abogará por el cumplimiento de varias reformas aprobadas recientemente y que le permitirían a la CCSS optar por más recursos.

Cuidados intensivos

Fernando Naranjo, uno de los encargados de dar el diagnóstico de la Caja, adelantó que la comisión investigadora buscará hacer recomendaciones profundas.

Naranjo agregó que el panel podría aportar elementos significativos para salvar a la institución.

Esa opinión choca con la de la ministra de Salud, María Luisa Ávila, quien presentó a la presidenta Laura Chinchilla su renuncia al cargo por considerar que debía ser su cartera (la cual ocupará hasta el 22 de agosto) la que condujera el análisis de la situación financiera de la Caja.

Aún los especialistas no han emitido su dictamen. Por ahora, sobran las opiniones sobre el camino que debe seguir el Gobierno para salvar a la institución símbolo de la solidaridad social.

Mientras tanto, la Caja yace en cama, con un gesto de dolor, esperando el diagnóstico final y el tratamiento.

No debe durar mucho, pues aumenta el peligro de que el paciente entre en coma.

Las leyes que requieren de una reforma para que la CCSS respire más desahogada:

Se requiere de una revisión del marco normativo interno (reglamentos), pero también de la legislación nacional.

Ley 0017, creación de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Ley 6836, incentivos a los profesionales en ciencias médicas.

Ley 8423, reforma a la Ley General de Salud y la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas.

Ley 7135, Ley de la Jurisdicción Constitucional y sentencias que obligan a la CCSS a asumir responsabilidades financieras.

Fuente Entrevistas a expertos, carta de renuncia de Eduardo Doryan.

Entre los principales síntomas de la enfermedad que sufre el Seguro Social están:

La maraña de leyes y reglamentos que amarran a la entidad y no le dan autonomía a su junta directiva para tomar decisiones sobre la mejor distribución de los recursos.

El crecimiento de un 8% en 5 años de la planilla de la institución.

Las constantes resoluciones de la Sala Constitucional que obliga a la Caja a otorgar caros tratamientos a pacientes que consideraron no haber recibido la mejor atención.

Lento crecimiento en la fuerza laboral del país, elemento que afecta la contribución obrero-patronal.

Falta de control en las incapacidades de los empleados de la CCSS.

Fuente Entrevistas a expertos.

Estas acciones podrían salvar a la CCSS de caer en cuidados intensivos:

Medicina : Mejorar los controles sobre el pago de horas extras. Centralización de las compras y pagos de la institución.

Terapia financiera Pago de la deuda del Estado. Mejora de gestión administrativa. Revisión salarial. Revisar la política sobre el salario escolar que actualmente se paga como un decimocuarto sueldo y no como un ahorro de los trabajadores. Revisión de ingresos y gastos.

Ejercicios Llevar a buen puerto el proceso de modernización tecnológica. Reforzar enfoque de medicina preventiva, en vez de medicina curativa.

Cirugía: Cambios legales y administrativos. Dependen del diagnóstico, pero deben ser profundos y pueden implicar amputaciones.

Fuente Informe comisión Uccaep.

1941, 1 de noviembre: Se crea la Caja Costarricense de Seguro Social durante la administración del presidente de la República Rafael Ángel Calderon Guardia.

1943, 22 de octubre: La Asamblea Legislativa le da carácter de institución autónoma a la Caja. Por primera vez se habla de un sistema tripartito de financiamiento.

1961, 12 de mayo: Se universalizan los seguros sociales y se extiende por 10 años el Régimen de Enfermedad y Maternidad a toda la población.

1971, 26 de abril : Se reforma la Ley constitutiva de la institución, para cubrir a los trabajadores independientes y a la población calificada como indigente.

2000, 16 de febrero: Se promulga la Ley de Protección al Trabajador.

2011, 13 de julio: La presidenta Laura Chinchilla anuncia que el Gobierno adelantará ¢85.000 millones a la Caja para cubrir el faltante de recursos.

2011, 14 de julio: La junta directiva de la CCSS acepta la creación de una comisión de expertos que analizarán la situación financiera de la institución.

2011, 18 de julio: El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó la creación de una comisión que investigará la crisis de la CCSS durante 6 meses.

2011, 20 de julio: Eduardo Doryan renunció a la presidencia ejecutiva del ICE, para rendir cuentas sobre su anterior gestión al frente de la CCSS.

2011, 28 de julio: Renuncia la ministra de Salud, María Luisa Ávila, por diferencias con la presidenta Laura Chinchilla por el manejo de la crisis financiera de la CCSS.