Imagine que usted lidera una investigación de los gastos discrecionales de su jefe; que debe vigilar el cumplimiento de las metas en todos los departamentos y corroborar el buen uso de los viáticos que sus compañeros reportaron tras un viaje de negocios. ¿Sería difícil encontrar quien quiera sentarse con usted en la soda de la empresa a la hora del almuerzo?

La tarea de los auditores internos no es fácil y muchas veces no les gana muchas simpatías. Además de velar por el uso razonable de recursos y la eficiencia de las instituciones públicas, los departamentos de auditoría interna deben luchar contra la ausencia de recursos suficientes para llevar a cabo su labor.

Con frecuencia, los jerarcas hacen oídos sordos a sus recomendaciones. Las medidas consideradas urgentes por el auditor quedan postergadas durante años por los responsables.

Inmaduro

Tras casi 10 años de la aprobación de laLey General de Control Interno y casi ocho de la vigencia de laLey de Enriquecimiento Ilícito , los mecanismos de control al interior del enorme aparato público sigue sin haber logrado limpiar la cara de la gestión pública, uno de sus objetivos.

Estas leyes, junto a la reforma del artículo 11 de la Constitución Política estableciendo como obligación del funcionario público la evaluación de su gestión y la rendición de cuentas, vinieron a generar un nuevo marco de control institucional, que incluye el control como una actividad más de la gestión gerencial de cada organismo.

A pesar de ello, falta mucho por andar. Un sondeo entre 28 departamentos de auditoría interna reveló que el 53% tiene un sistema de control interno incipiente o novato. Solo un 10% califica el sistema como diestro o experto, según consta en la Memoria Institucional de la Contraloría General de la República (CGR) para el 2010.

Esta inmadurez quedó reflejada en el Índice de Gestión Institucional, que el ente contralor elaboró en el 2010 para medir la eficiencia en los diversos aspectos del quehacer de las entidades públicas.

Para su elaboración, la CGR recopiló información de 102 entidades estatales, dejando por fuera a las municipalidades, las instituciones supervisadas por las cuatro superintendencias del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y las de menor riesgo.

Hay enormes brechas. Mientras Recope obtuvo 100 puntos en la evaluación que este índice realizó sobre el control interno de cada entidad, el Consejo Nacional Indígena (Conai) apenas sobrepasó los 25 puntos.

De los cuatro componentes del control interno, los mayores problemas se concentran en el ambiente de control, que obtuvo un promedio de 68,2. La ausencia de códigos de ética y regulaciones para manejar situaciones eventualmente contrarias a la ética están relacionados a la baja calificación en este rubro.

Predicando en el desierto

Los departamentos de auditoría no solo atienden denuncias, sino que con frecuencia investigan departamentos de las entidades que por sus funciones revisten mayor riesgo.

Fruto de estas investigaciones presentan recomendaciones a los jerarcas de la institución. Sin embargo, muchas de estos informes caen en el olvido gracias a la debilidad de los sistemas de seguimiento.

De las 722 recomendaciones planteadas por el departamento de auditoría de la Municipalidad de San José entre 2007 y 2008, solo 96 (13%) se han cumplido, según el informe de operaciones que la CGR realizó sobre el departamento de control en esa entidad.

Misma situación se presentaba en el Ministerio de Gobernación. De las 400 recomendaciones formuladas entre 2005 y 2008, solo se habían cumplido 36 (9%) para el 2009.

El clamor de la auditoría a veces topa con la indiferencia total. Al 22 de julio del 2009, existían seis informes entre el 2008 y el 2009, remitidos por la auditoría interna al Concejo josefino, sin la debida aprobación de ese órgano colegiado, a pesar de los oficios de recordatorio que esa unidad de fiscalización le remitió para que estos se aprobaran.

Las omisiones no vienen solo de los jerarcas, en ocasiones son los mismos auditores quienes desisten o cometen errores de procedimiento.

Prueba de esto es el informe en el cual la Contraloría General reprendió al auditor del Consejo Nacional de Concesiones recordándole “la obligación que tiene en el ejercicio de sus competencias y potestades, cuando detecta incumplimientos injustificados, que obstaculicen su labor será necesaria la elaboración de informes oportunos y elaborados conforme a la técnica y directrices existentes”.

Sin recursos, sin sorpresa

Aunque los departamentos de auditoría dependen de la Contraloría para recibir sus lineamientos, es cada institución la responsable de dotarlos con los recursos suficientes para llevar a cabo su labor de fiscalización y además de velar por que tengan independencia en el uso del dinero.

Así, es la institución que ellos deberán vigilar la que define los salarios, equipamiento, plazas y gastos de un departamento de auditoría interna.

“No todas las auditorías tenemos presupuesto aparte. Ahí es donde está la independencia del auditor. Si yo planeo una gira para hacer un arqueo de la caja chica del plantel del Limón, y tengo que pedir el carro y decir para dónde voy, cuando llego me están esperando. No hay independencia ni sorpresa”, adujo Maynor Solano, presidente del Instituto de Auditores Internos de Costa Rica y auditor del MEIC.

Al estar sujetos a las administraciones en términos de recursos, se presentan inequidades en cuanto a la capacidad material de controlar las actividades de las entidades. Por ejemplo, en el MEIC, el departamento de auditoría interna está compuesto por tres profesionales, mientras tanto en la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva) trabajaban 17 funcionarios.

Además, la dependencia con la administración suele poner en dificultades a los auditores cuando el investigado es nada más y nada menos que el jerarca.

“Cuando uno tiene que investigar al jerarca, tenga seguridad de que es un problema. Uno está investigando a su jefe administrativo. Uno depende de ellos para vacaciones, cursos de capacitación”, aceptó Solano.

Aunque tienen un jefe técnico en la Contraloría y un jefe administrativo en el jerarca institucional, el auditor parece que se la debe jugar solo. Tal vez cuando encuentren quién los apadrinen el sistema de control interno llegará a la madurez.