Algunos políticos con sus acciones ilícitas criminalizan la política.

Sin embargo, también la criminalizan quienes legislan para la gradería de sol y crean absurdas normas como la obligación, para los funcionarios públicos, de declarar hasta la ropa del servicio doméstico.

El populismo legislativo punitivista es uno de nuestros más graves males, produce malas leyes y enturbia la vida política.

Una de las fuentes de mayor criminalización de la política viene dada por la tendencia de los mismos políticos a resolver sus divergencias en los estrados judiciales y no en el debate en torno a los grandes temas.

Basta que algún precandidato asome un poco la cabeza para que empiecen las campañas negras que casi siempre terminan en denuncias ante la fiscalía, distrayendo a este órgano de tareas más serias, para involucrarlo directamente en querellas estrictamente políticas.

Un sector de comunicadores tiene también su responsabilidad, cuando asignan un peso excesivo a la denuncia airada, sin que esto implique negar su necesario papel de control social. Sin embargo, el llamado a la moralina y no a la rendición de cuentas se transforma en un obstáculo para la transparencia cuando se confunde el derecho con la moral y se equiparan —como dice el filósofo Fernando Savater— las bribonadas con los crímenes.

La criminalización de la política en estas múltiples dimensiones hace difícil el proceso político; cuando lo que está en juego es la libertad y los bienes, los conflictos recrudecen pues las apuestas son mayores.

No se vislumbran cambios en momentos en que el empate entre múltiples fuerzas augura la profundización de las diferencias; salvo que en las próximas elecciones se modifique la tendencia reiterada a quebrar el voto, negando no solo la mayoría legislativa al poder ejecutivo, sino también la conformación de bloques opositores con un cierto grado de homogeneidad que facilitaría acuerdos y alianzas.