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La democracia costarricense merece una oposición legislativa seria y responsable, que asuma el encargo que se les encomendó el 6 de febrero pasado. Y que lo haga bien.

Los niveles de endeudamiento, sumados a las bajas contribuciones e ingresos propios con que cuentan los partidos políticos, les expone a capitales ilícitos y fuerzas indeseadas.

La desconexión entre las agendas de los grupos políticos electos y los intereses de sus votantes genera un desgaste que se acumula sobre el sistema democrático.