Fondos para PANI y Educación están entre incumplimientos más grandes, pero hay otros más

Por: Eugenia Soto Morales 17 noviembre, 2013
 En el 2014, el Patronato Nacional de la Infancia solo recibirá un 27% del dinero recaudado por Impuesto sobre la renta que le destina la ley.
En el 2014, el Patronato Nacional de la Infancia solo recibirá un 27% del dinero recaudado por Impuesto sobre la renta que le destina la ley.

El 25% de los 79 mandatos legales y constitucionales que amarran dinero del Gobierno Central a destinos específicos se quedan sin cumplir o se obedecen a medias, según un estudio elaborado por el Ministerio de Hacienda.

Si se cumplieran en su totalidad, estos 20 destinos específicos, que dirigen fondos a instituciones como el Ministerio de Educación o el Fondo de Vida Silvestre, sumarían ¢2,2 billones en 2014.

En total, el dinero del erario público comprometido por disposiciones legales o constitucionales ronda el 57% del presupuesto, y están en el corazón del debate para construir un proyecto de reforma fiscal.

 20 destinos específicos no reciben todos los recursos que establecen las leyes
20 destinos específicos no reciben todos los recursos que establecen las leyes

De los 79, son 18 los mandatos que no prevén la creación de fondos frescos. Aunque son un 22% del total, entre ellos están los más cuantiosos en el listado, por ejemplo, la disposición constitucional de destinar el equivalente al 8% de la producción nacional a la educación pública.

“Hemos tenido una práctica, durante los últimos 30 años, de crear gastos sin ingresos”, comentó Edgar Ayales, ministro de Hacienda.

A medias

Tener fondos frescos no necesariamente significa el cumplimiento de estos mandatos legales y constitucionales.

El Fondo de Vida Silvestre debe recibir dinero recaudado con la compra del timbre de fauna silvestre, el cuál es necesario para todos permiso de circulación e inscripción de vehículos en el Registro Público; así como para los permisos de exportación de animales silvestres.

Sin embargo, para el 2014, Hacienda prevé un cumplimiento de solo el 19% del mandato legal.

De igual forma, la Dirección General de Migración y Extranjería deberá conformarse con un 61% del dinero que la ley le destina proveniente del Fondo Especial de Migración.

Este fondo está alimentado de los impuestos, multas y especies fiscales que deban pagar las personas por trámites migratorios. El dinero recaudado es administrado por la Tesorería Nacional.

El destino previsto es financiar parte de los gastos corrientes y de capital de la Dirección de Migración.

Solo cinco de los 20 que incumplen destinos específicos no cuentan con una fuente de ingresos frescos, pero incluyen al más grande de todos: el financiamiento de la educación.

Larga data

Los incumplimientos de estos previsiones legales no son nuevos y en algunos casos se remontan a décadas atrás.

En 1996, la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto que destinó un 7% de lo recaudado por Impuesto sobre la Renta al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Desde entonces, los reclamos del Patronato han sido prácticamente constantes contra el Ministerio de Hacienda por no girar la totalidad del dinero.

El pulso llegó a la Sala Constitucional que, en el 2001, ordenó al Gobierno cumplir con lo estipulado con la legislación, e incluso advirtió al entonces ministro de Hacienda, Leonel Baruch, sobre posibles sanciones.

Más de una década después la situación ha cambiado poco. En agosto, el Tribunal Contencioso-Administrativo ordenó al Gobierno girar ¢126.000 millones al PANI, aparte de los presupuestos de los años 2010, 2011 y 2012 que no trasladaron.

Además, exigió al Poder Ejecutivo “abstenerse en el futuro de incurrir en conductas omisivas” similares.

Sin embargo, en el proyecto de presupuesto para 2014 se prevé entregar a esta entidad solo un 27% del dinero que le corresponde.

De igual forma en 2014 se incumpliría el mandato sobre el fondeo de la educación pública. Acatarlo elevaría los gastos en casi un punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB).

“Por más esfuerzos que hagamos se seguirán incumpliendo porque los recursos no dan”, afirmó Mayra Calvo, secretaria técnica de la Autoridad Presupuestaria durante la mesa de diálogo sobre gobernabilidad, que forma parte del proceso para consensuar una reforma fiscal.

Un consenso que en lo que corresponde a los mandatos más significativos parece todavía lejano.