Esquemas de supervisión actual reduce posibilidad de otro caso similar al del Banco Anglo

Tras 20 años del cierre del banco, la supervisión actual reduce la posibilidad de un caso similar

  • Facebook (Compartir)
  • Tweetea!
  •  
  • Imágenes

Las condiciones actuales que tiene el sistema financiero nacional hacen poco probable que se repita un capítulo como el sucedido el 14 de setiembre de 1994, fecha en el que se anunció el cierre e intervención del Banco Anglo Costarricense.

Desde hace 20 años que se ordenó el cierre de esa entidad, se han emitido leyes, ha cambiado el entorno regulatorio y las entidades también han evolucionado.

Aunque es imposible descartar que se vuelva a intervenir y hasta cerrar una entidad bancaria, la probabilidad de que esto ocurra es muy baja, dijo Javier Cascante, actual jefe de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Cuando el Anglo fue cerrado aún no existía la Sugef y tampoco la actual Ley Orgánica del Banco Central , que establece reglas básicas para las entidades financieras.

El actual esquema de supervisión le da la capacidad a los reguladores de hacer revisiones preventivas, es decir, es posible solicitar información conforme se realizan las operaciones y antes de que cierren los balances y resultados financieros.

Según Cascante, las reglas actuales controlan lo que precisamente falló en el Anglo. Por ejemplo, los bancos están obligados a tener una gestión de riesgo, tanto para sus inversiones como para sus carteras de créditos.

Además, se requiere de modelos y rigurosidad analítica que le brinden a las entidades la información suficiente para que determine los niveles en que sus operaciones se verían afectadas en caso de problemas financieros.

Más control

Para el economista y exintendente de entidades financieras Juan Muñoz, en el Anglo se incurrió en un riesgo operativo por decisiones que no fueron acertadas y que al final se transformaron en riesgos de mercado como la inversión en bonos venezolanos.

Precisamente, ese tipo de operaciones están más controladas actualmente, por un lado, debido a las normas de gobierno corporativo y, por otro lado, con la información que se debe reportar a la Sugef.

Según Muñoz, los bancos pueden correr el riesgo de tener pérdidas en algunas de sus inversiones, pero el problema en aquel entonces obedeció a que no hubo alertas y controles que permitieran detener el avance de los problemas.

De una manera similar piensa el exbanquero y actual asesor en banca de inversión Marco Garro. Para él, la cantidad y la cualidad de la normativa financiera emitida hasta hoy deberían hacer muy difícil la presencia de problemas financieros en un banco con las dimensiones como las que tenía el Anglo.

Garro también mencionó que el mismo sistema financiero es ahora más robusto en estimaciones, provisiones y reservas de capital. Estas precisamente procuran prevenir que las instituciones queden a merced de la negligencia o impericia de un solo funcionario cuyas acciones causen problemas financieros.

Otro elemento que ahora es distinto es el énfasis en las gestiones de gobierno corporativo, explicó Cascante.

Para el superintendente, actualmente existe más regulación y control interno de las decisiones que se toman en una operación bancaria, pues la regulación se preocupa por la rendición de cuentas y las políticas de control interno que se adopten.

También, agregó Cascante, otra diferencia consiste en que la Sugef vigila y califica las carteras de crédito con el objetivo de medir los riesgos que se presentan.

Pendientes

Luego del cierre del Anglo se constituyó el fideicomiso 03-99 del Banco Central con el Banco Popular, el cual se encargaría del cobro a deudores.

Al 31 de agosto pasado, el total de deudas vigentes reportadas por el fideicomiso eran de ¢51.436 millones, incluidos saldos principales e intereses.

Según el fideicomiso, al inicio se recibieron un total de 9.006 operaciones de crédito por cobrar, de estas se liquidaron 1.576 por considerarlos incobrables y se han cancelado 6.096.

Un total de 1.334 créditos aún se encuentran en la gestión de cobro. Otra parte, no contabilizada, fue declarada prescrita en sentencias dictadas en procesos legales.

El 87% de las deudas vigentes o en proceso de cobro pertenecen a operaciones realizadas por empresas, mientras que el restante 13% está asociado a personas físicas.

La deuda más grande entre las empresas acapara el 21% del total adeudado sin contar el monto correspondiente a los intereses.

Fuente Fideicomiso Banco Anglo.

Sostenbilidad y financiamiento