Por una orden del Poder Ejecutivo, los jerarcas de los bancos estatales deberán tener listo un nuevo sistema para el pago de incentivos al personal en un plazo de cuatro meses.
Este trabajo está a cargo de una comisión integrada por representantes de los bancos del Estado, del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de Costa Rica (BCCR), según informó este 10 de junio el Consejo Presidencial Económico, mediante un comunicado de prensa.
El nuevo sistema deberá responder a la productividad de las entidades y tendrá que enfatizar en el cumplimiento de las tareas asignadas a los bancos en lo que respecta a la promoción del desarrollo y el logro de metas vinculadas a la solvencia del negocio.
"Los bancos estatales deben rediseñar y ajustar sus políticas de pago de incentivos, en aras de otorgar los beneficios a los trabajadores que conduzcan a una mejora real en su productividad. De esta forma, el pago de incentivos será consistente con el cumplimiento de las metas institucionales y el uso razonable, eficiente y transparente de los recursos públicos", dijo Mariano Segura, comisionado del Consejo Presidencial Económico.
El pasado 26 de mayo, el Poder Ejecutivo dio a conocer una directriz del Ministerio de Hacienda en la que ordenó a los bancos estatales mejorar sus esquemas de incentivos y ligarlos a resultados financieros depurados, al tiempo que solicitó la eliminación de los planes de premios especiales para las altas gerencias.
En la orden, se estipuló que las entidades deberán tomar los acuerdos para cumplir con la directriz en un plazo de dos meses a partir de la publicación en La Gaceta.
Entre las medidas están la inclusión del indicador de sufiencia patrimonial como parte de las metas institucionales. Este índice es el porcentaje mínimo de capital ponderado por riesgo que debe tener un banco para respaldar los préstamos e inversiones que otorga. La regulación a cargo de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) establece el límite mínimo de 10%.
Entre los requerimientos que se deberán incorporar las entidades están la aprobación de un plan de acción para separar la política de incentivos de las negociaciones de convención colectiva, eliminar los esquemas para la alta gerencia y adoptar el modelo institucional que se establezca.
También se solicitó redefinir los topes máximos para el pago de incentivos e incluir en las contribuciones a la seguridad social y los costos asociados.