Pago de salarios e intereses de la deuda son el lastre del déficit fiscal

Pago de intereses de la deuda y remuneraciones dificultan la solución al faltante

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Costa Rica está en el fondo de un precipicio en materia fiscal y, aunque tiene mecanismos para salir de esa situación, las soluciones tienen un costo. Sin embargo, son casi inevitables si quiere enrumbarse hacia una mayor estabilidad económica.

El bache de las finanzas públicas del Gobierno Central fue de ¢1.526.998 millones en el 2014, cifra que equivale al 5,7% del Producto Interno Bruto (PIB).

¿Cuánto es ese dinero? Ni el acumulado que había en todas de las cuentas de ahorro de los bancos a diciembre del año pasado hubiera alcanzado para pagar ese déficit. Esas cuentas sumaron un monto equivalente al 96% del faltante.

El déficit fiscal o financiero es el resultado de la resta de los ingresos totales del Gobierno menos los gastos totales, entre los que están los salarios, las transferencias y el pago de intereses de de las deudas locales y externas contraídas, por ejemplo, la emisión de bonos internacionales o eurobonos.

Ese 5,7% del PIB es considerado como peligroso para la economía nacional y aún más su crecimiento, si no se toman medidas correctivas. La gravedad del tema consiste en que la tendencia hacia arriba que tiene este indicador, el cual podría llegar al 6% del PIB este año.

Desde el 2009, el país fue descendiendo en un barranco sin posibilidad de volver a subir a un terreno más elevado y que refleje una mejor salud financiera.

La tendencia se profundizó a tal punto que en el déficit del 2014 fue el más alto en los últimos 25 años.

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La alerta no es solo local, también ha llegado hasta el exterior.

La firma calificadora de riesgo Moody’s bajó su calificación sobre Costa Rica en setiembre del 2014 y la retiró de la lista de los países que contaban por lo menos con grado de inversión.

Otra de las firmas, Fitch Ratings, decidió cambiar, aprincipios de este año, la perspectiva sobre el riesgo costarricense y pasarlo de estable a negativo.

El FMI también apuntó (en su informe sobre las condiciones económicas) los riesgos de ese faltante fiscal y señaló la necesidad de hacer ajustes importantes o una reforma en ese campo.

Recientemente, el banco J. P. Morgan sumó otra opinión desfavorable al considerar que la economía local enfrenta el riesgo de quedarse sin un ajuste fiscal que mejore sus condiciones. .

Sin embargo, el problema no es algo nuevo. Desde hace varios años, diferentes gobiernos vieron el rumbo descendente que tomaba el camino fiscal.

Desde la administración Pacheco de la Espriella (2002-2006) se redactaron y presentaron proyectos de ley para hacer cambios en materia impositiva, pero todo se quedó en intenciones.

La que más avanzó se presentó durante el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014), pero fue archivada luego de que la Sala Constitucional encontrara errores de procedimiento en su proceso de aprobación.

El origen reciente

Entre el 2007 y el 2008, el país tuvo cifras fiscales positivas. Pero con la llegada de la crisis económica y la consecuente caída en los indicadores de producción, la recaudación fiscal se vino abajo.

Ese fue el reinicio del creciente déficit. Además, ante los problemas económicos, se impulsaron medidas anticíclicas para combatir, desde el sector público, los embates de una economía deprimida.

En el 2007, se tomó la decisión de equiparar los salarios de los empleados del Gobierno Central con el percentil 50 de los salarios del sector público autónomo no financiero, compuesto por entidades como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Como resultado, el salario promedio en el Gobierno Central creció un 50% en los siguientes dos años.

Ese impulso representó un aumento en el gasto público dentro del rubro de salarios, mientras los ingresos no tenían el mismo comportamiento, pues la actividad económica no levantó a niveles capaces de catapultar el ingreso total del Gobierno.

Posteriormente, en estudios hechos por el propio Ministerio de Hacienda, se determinó que las remuneraciones aumentaban en mayor medida por los incrementos salariales, que por la adición de nuevas plazas.

Adicionalmente, y por el propio aumento del déficit, se recurrió a más endeudamiento, tanto externo como interno. Esta fórmula tuvo la consecuencia de generar un aumento en el pago de intereses. .

El mayor salto fue entre el 2012 y el 2013, cuando ese pago aumentó en un 34%.

Además de estas condiciones, los ingresos corrientes (léase, los impuestos recaudados) no crecen al mismo ritmo que los gastos año con año y eso hace que cada vez sea más difícil salir del bache.

El actual ministro de Hacienda, Helio Fallas, dice que la situación es como si se pidiera prestado para pagar la cuota de la tarjeta de crédito. De ahí su interés en controlar primero el déficit primario, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos sin incluir el pago de intereses.

Lastres de las finanzas

Ante una tendencia de aumento moderado en los ingresos y sin reformas legales para modificarlos, el déficit tiene en sus espaldas toda la estructura de un gasto que se hace cada vez más grande.

Asimismo, entre las erogaciones está el rubro de las remuneraciones en el sector público, un componente creciente y difícil de hacerlo más liviano.

En paralelo, están las transferencias a entidades públicas y diversos programas. En la anterior administración, se había determinado que los gastos dictados por mandato legal y los egresos ineludibles (salarios) consumen el 95% del presupuesto nacional.

Dentro de ese porcentaje, están los intereses que se pagan por la deuda.

Para el exministro de Hacienda Édgar Ayales, los principales lastres del gasto del Gobierno son la aprobación de leyes sin el correspondiente contenido presupuestario (regla fiscal).

No obstante, Ayales aclaró que hay órdenes en la Constitución y en la leyes para que solamente se aprueben gastos que tengan los ingresos suficientes, pero no existen mecanismos de control o sanciones.

Un ejemplo de las leyes sin el debido contenido económico fue la reforma constitucional que otorgó el 8% del PIB a la educación. Según, el exministro Fernando Herrero, ese mandato implica un incremento en el gasto del 2%.

Otro de los casos es la obligación del Ejecutivo a trasladar el 7% de la recaudación del impuesto de la renta al Patronato Nacional de la Infancia.

“Hay muchas leyes particulares que hicieron lo mismo. Si Hacienda pusiera todos los gastos en el presupuesto, el monto del déficit sería aún mayor que el actual”, agregó.

El otro disparador enumerado por Ayales son los salarios, factor al que calificó de crítico porque su aumento en los últimos años ha estado por encima de la inflación, agregó.

Guillermo Zúñiga, también exministro de Hacienda en la administración Arias Sánchez, considera que lo más complicado del gasto y el déficit es el peso de la deuda pública y que la gestión debería poner énfasis en evitar un incremento de este componente.

Un aumento desmedido de la deuda pone en entredicho la capacidad de pago del país en el futuro, dijo Zúñiga.

La opinión de la economista y exviceministra de Hacienda, Edna Camacho, es similar a la de Ayales. Para ella, lo más pesado son los salarios y es lo que se debe modificar debido a que, de paso, se resolvería un problema estructural que aumenta el gasto en forma inmediata.

Herrero coincidió en que los salarios representan uno de los renglones que más pesan y reconoció que le gestión del recurso humano en el sector público está desordenada.

Además, dijo que aspectos como una restricción presupuestaria blanda y la ausencia de mayor presión fiscal terminan por hacer el problema aún más grave.

La respuesta del actual gobierno para tratar de frenar el déficit ha consistido en el envío de cuatro proyectos de ley para controlar el gasto y la recaudación.

Adicionalmente, espera enviar uno más que es el que pretende aumentar la recaudación mediante ajustes en el impuesto de ventas y el que recae sobre las utilidades de personas y empresas.

Helio Fallas ha insistido en que una parte de la solución está en manos de la Asamblea Legislativa, pues esta entidad tiene el poder para modificar los impuestos.

En caso de que la solución no llegue para el 2016, Fallas dijo que mantiene conversaciones con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial para obtener préstamos de apoyo presupuestario.

Sin embargo, esos préstamos son otorgados con múltiples condiciones, entre las que puede haber restricciones al gasto público.

Fallas confía en que la única y mejor salida del foso en este momento es la reforma impositiva, pues, de lo contrario, Costa Rica deberá enfrentarse al deterioro de sus calificaciones de riesgo.

Ante un empeoramiento de la reputación de crédito del país, el problema del déficit puede aumentarse si no hay más cambios. Con un mayor riesgo, el mercado local e internacional le exigirán a Costa Rica tasas de interés más altas, ya sea en préstamos o en emisiones de bonos.

Esta condición presionaría la economía interna, pues con altos intereses la producción se podría frenar y, consecuentemente, afectar la recaudación fiscal y continuar este círculo vicioso.

Ante el mercado

Exposición de Costa Rica y las noticias acerca de su reputación de su riesgo en el mercado internacional.

2010

10 de setiembre

Moody’s otorgó el grado de inversión a Costa Rica debido a que consideró que tenía capacidad para enfrentar choques externos y bajo peso de la deuda pública.

2012

16 de noviembre

El Ministerio de Hacienda hizo la primera emisión de bonos soberanos en el mercado internacional con una emisión de $1.000 millones de un total de $4.000 millones.

2014

16 de setiembre

Moody’s anunció un descenso en la calificación a la deuda costarricense y con eso eliminó el grado de inversión del que gozaba el país y lo ubicó en grado especulativo.

2014

10 de noviembre

El Fondo Monetario Internacional solicitó iniciar un proceso de reforma fiscal ambicioso como parte de sus misiones regulares a Costa Rica.

2015

22 de enero

La firma calificadora Fitch cambió la perspectiva de estable a negativa de la deuda soberana de Costa Rica, al argumentar que se requiere de reforma fiscal para aumentar ingresos.

2015

14 de mayo

El banco estadounidense J.P. Morgan cambió su opinión sobre la economía de Costa Rica y la ubicó entre las que corren más riesgo de deterioro por el problema del déficit fiscal.

Sostenbilidad y financiamiento