Gobierno recortará compras públicas si no avanzan los proyectos fiscales

Ajuste daría ¢125.000 millones de ahorro en el presupuesto del 2017

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El Gobierno recortaría severamente sus compras de bienes y servicios si la Asamblea Legislativa no aprueba ninguno de los proyectos de ley de la reforma fiscal propuesta.

La anterior, sumado a un ajuste en las transferencias a entidades que dependen del presupuesto, son parte de las opciones que Hacienda tiene para que su presupuesto sobreviva en el 2017 y eventualmente en el 2018.

Empero, una decisión de este tipo golpearía a las empresas proveedoras del Gobierno y tendría repercusiones en la economía nacional, según varios economistas y exministros de Hacienda.

José Francisco Pacheco, viceministro de Egresos, señaló la decisión de cortar a la mitad las compras públicas generaría un ahorro estimado en ¢125.000 millones en el presupuesto del 2017.

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¿Cuánto es esto? Si se compara con el total de egresos del Gobierno en el 2015, la suma parece ínfima; es un 2,1%. O bien, representa el 6% de las remuneraciones (salarios) pagadas ese año. .

El Ministerio de Hacienda presentó un total de ocho proyectos de ley que pretenden hacer ajustes a la estructura fiscal (ingresos y gastos).

Los textos fueron presentados desde el 2014 y solo uno ha recibido el dictamen de la Comisión de Asuntos Hacendarios (de eficiencia en la administración de los recursos públicos).

Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos, reconoció que las ventanas de tiempo para las aprobaciones se van cerrando conforme avanza el año y aseguró que ahora es imposible que reciban ingresos nuevos suficientes en el 2017.

Adicionalmente, desde el Congreso, no se ven señales de avance en la discusión fiscal. Solo uno de los proyectos, el de lucha contra el fraude fiscal, tenía un inventario de 266 mociones.

Uno de los miembros de la Comisión, Otto Guevara, reconoció que se ha dedicado ha utilizar estrategias de bloqueo en la discusión por medio de un excesivo uso de la palabra o con lecturas completas de documentos.

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“Voy a presentar cinco mociones, diez mociones y ahí los voy a llevar”, dijo Guevara en una entrevista publicada en el sitio web de EF.

En el Gobierno ya ven con preocupación el avance del tiempo, pues el escenario ideal era contar con la entrada en vigencia de las nuevas leyes a partir del 2017.

Según proyecciones de Hacienda (hechas en el 2015), ya era tarde aprobar la reforma fiscal en el 2016, pues haría que el porcentaje de la deuda pública entre el Producto Interno Bruto pasará de un 45% en el año pasado a 50,3% en el 2017.

“Lo que queda de espacio es corto; ya no se pudo hacer ajustes en el 2016. Ya no se va a ver la plata para empezar el proceso de estabilización y, bueno, si no se hace este año y no se consideran esos tiempos, para el año entrante la política electoral va a complicar el panorama”, dijo Rodríguez.

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La opción de recorte

Debido a la posibilidad de que no ocurra absolutamente nada en la Asamblea Legislativa, el Gobierno maneja la opción de un recorte “severo”, tal y como lo califican los mismos viceministros.

Se trata de eliminar la mitad de las compras que se hacen cada año. La consecuencia de eso es que no se tendría capacidad de adquirir equipo de computación nuevo, vehículos o renovaciones de licencias de software .

Dentro de esa medida también están las contrataciones de consultores y, como ejemplo, Pacheco mencionó que, de ser el caso, no podrían realizar el Festival de las Artes porque, precisamente, los artistas se contratan bajo esa figura.

Otra de las opciones es recortar las transferencias a entidades que dependen totalmente o en parte del presupuesto. Entre ellas están los museos, aunque Pacheco no detalló cuánto aplicarían en esta vía.

No obstante, los ajustes tendrían una consecuencia en el crecimiento económico, pues estas transacciones se hacen con empresas privadas (proveedores).

Los viceministros y exjerarcas de Hacienda confían en que se obtenga alguna aprobación legislativa dado que que el problema de las finanzas públicas está tomando grandes dimensiones.

Consideran que sería un error hacer un recorte severo de compras públicas por varias razones. Una es el propio impacto en la economía y otra es que no se solucionaría el problema de fondo de las finanzas públicas.

La economista y exviceministra de Hacienda, Edna Camacho, opinó que un ajuste como el que proponen las autoridades supone un monto relativamente bajo para solucionar el problema.

Para Camacho, la negociación legislativa no debe darse por agotada y, más bien, debe encontrarse el mínimo acuerdo para avanzar unos pocos pasos en la reforma.

El exministro Fernando Herrero agregó que un ajuste en las compras del Estado también perjudicaría los servicios públicos.

Para Edgar Ayales, también exjerarca de Hacienda, sí existe una posibilidad de que a esta Administración no le aprueben una sola reforma.

Si esto ocurre, entonces se tendrá que ver la capacidad del Gobierno de reducir el gasto y de obtener nuevo financiamiento.

Otra de las gestiones frente a la posibilidad de que no se aprueben ningún plan es reforzar las labores de recaudación, lo cual se ha venido ejecutando en los últimos meses, dijo Guillermo Zúñiga, exministro de Hacienda.

Desde el sector empresarial existe un poco más de optimismo.

Francisco Gamboa, director de la Cámara de Industrias de Costa Rica, reconoció que este año será difícil que aprueben todos los proyectos pero que, por lo menos, verían la luz algunos como el de lucha contra el fraude fiscal y el de eficiencia en la administración de los fondos públicos.

También queda claro que el eventual cambio severo en las compras públicas sería solo una medida de corto plazo y que no será sostenible para el 2018.

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