El Poder Ejecutivo ordenó a los bancos estatales mejorar sus esquemas de incentivos y ligarlos a resultados financieros depurados, al tiempo que solicitó la eliminación de los planes de incentivos especiales para las altas gerencias.
La orden está en la directriz 26-H del Ministerio de Hacienda y fue dada a conocer este 26 de mayo luego del Consejo de Gobierno. Las entidades deberán tomar los acuerdos para cumplir con la directriz en un plazo de dos meses a partir de la publicación en La Gaceta.
Entre las medidas están la inclusión del indicador de sufiencia patrimonial como parte de las metas institucionales. Este índice es el porcentaje mínimo de capital ponderado por riesgo que debe tener un banco para respaldar los préstamos e inversiones que otorga. La regulación a cargo de la Superintendencia General de Entidades Financieras establece el límite mínimo de 10%.
Además, otra de las órdenes emitidas desde la Presidencia consiste en que los bancos excluyan de sus informes financieros a la subsidiarias para obtener el resultados de las utilidades netas.
Las entidades estatales incluyen, a la fecha, los resultados de las actividades asociadas, por ejemplo, sus operadoras de pensiones complementarias, los puestos de bolsa, las agencias de seguros y hasta otros bancos como el caso del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), dentro de sus ganancias totales.
En enero del 2015, la Contraloría General de la República alertó acerca de los incentivos y premios en los bancos del Estado otorgados entre el 2006 y el 2012, pues estos se concedieron sin que tuvieran un modelo de evaluación de desempeño alineado con los objetivos estratégicos de cada empresa.
Posterior a este informe, el Ejecutivo afirmó que pediría cuentas a los jerarcas de los bancos. Después, en febrero pasado, el gerente general del Banco Nacional, Fernando Naranjo, anunció su renuncia a la entidad.
Otras de las órdenes emitidas por la Presidencia consiste en aprobar un plan de acción para separar los incentivos de las convenciones colectivas, eliminar a los grupos con conflictos de interés del esquema de pago de incentivos, redefinir topes máximos y reconocer los pagos en función del 100% del cumplimiento de metas institucionales.