La Superintendencia de Pensiones (Supen) dio un giro al esquema que aplica para seguirle el paso a los regímenes básicos del sistema.
Hasta hace unos meses, la estrategia era señalar los fallos estructurales y dictar posibles medidas de corrección. Ahora, con la llegada de Álvaro Ramos, se habla de “acompañamiento”.
El giro surge en medio de la polémica por la eventual insostenibilidad del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y la decisión de la Supen y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de contratar un nuevo estudio actuarial, luego de atacar el último por supuestas fallas técnicas.
Esto demuestra que, en la actualidad, la Supen prefiere una apertura de diálogo y el acompañamiento en el manejo de riesgos.
Precisamente, los riesgos que sufren los fondos del llamado primer pilar tienen que ver con su poca sostenibilidad, la insuficiencia de recursos para pagar las pensiones, y la concentración de inversiones en títulos de deuda del Gobierno Central.
La Supen ahora es tajante en su decisión de priorizar, como tarea, la sostenibilidad de estos sistemas, por encima de cualquier otro proyecto que tenga en el tintero a nivel de regulación.
El primer pilar de las pensiones del país está conformado por el IVM, el régimen de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y el del Benemérito Cuerpo de Bomberos.
Este primer pilar se ha convertido en la mayor preocupación del sistema de pensiones en los últimos años, pero el enfoque de cómo tratar los riesgos y deficiencias que enfrentan estos regímenes cambió.
Ramos afirma que quiere acompañar a los regímenes en el manejo de sus riesgos. Quiere erradicar las dudas de la población y que el sistema sea lo más transparente posible, de modo que la población conozca abiertamente el estado de los fondos.
“Lo principal es que la gente vuelva a confiar en los regímenes y que se realicen los ajustes necesarios. No soy del pensamiento de que con un solo ajuste se remediará todo, sino que con ajustes paulatinos se puede ir mejorando”, comentó Ramos.
En alerta
La Supen, en conjunto con la CCSS, esperan tener listo en la primera mitad de 2015 el nuevo estudio actuarial sobre el IVM y hacer los ajustes necesarios para asegurar su sostenibilidad.
De momento, se estima que el IVM podría agotar su reserva a partir del 2023.
Por otra parte, las inversiones de los regímenes básicos están concentradas en 75% en títulos del Gobierno Central, lo cual también es un foco de preocupación.
Sin embargo, en medio de la problemática, Ramos admite que los administradores de los fondos están dispuestos a realizar los ajustes necesarios en pro de la sostenibilidad de los recursos.
La mayor preocupación se enfoca en el IVM, siendo el que posee más población, cuenta con 211.248 pensionados y 1,2 millones de cotizantes.
La CCSS arrancó con la ejecución de cambios, con base en el último estudio actuarial, aunque la Supen consideró que el análisis presentaba dificultades técnicas.
Una de las medidas aplicadas es la eliminación del otorgamiento de la pensión anticipada, por lo que los cotizantes no podrán retirar el dinero de pensión básica cada cinco años.
A inicios del presente mes, el gerente de pensiones de la Caja, Jaime Barrantes, comentó que se aplicarán diversos cambios para elevar los ingresos de este régimen.
Como parte de las propuestas está la posibilidad de que el Estado aporte ¢50.000 millones, a modo de inyección de capital, sin embargo esta opción se cuestiona en medio del alto déficit fiscal del país.
Por su lado, el Poder Judicial admite que en tres años el pago de pensiones a sus jubilados se complicará. Zarela Villanueva, presidenta de la Corte, había expresado la necesidad de un estudio actuarial que esté a disposición de del personal de la institución y que sirva para realizar los cambios pertinentes.
En el caso de Jupema, la mayor alerta es la concentración de títulos en Gobierno Central.
Roger Porras, director ejecutivo de Jupema, explicó que están trabajando en depurar las bases de datos de sus cotizantes y optaron por un proyecto de ley en busca de ampliar las opciones de inversión de sus recursos, por ejemplo en infraestructura.