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El proyecto de ley que pretende darle armas al país para controlar el ingreso de capital extranjero fue dictaminado el miércoles por la Comisión de Asuntos Hacendarios y se enrumba ahora hacia el Plenario Legislativo.
La iniciativa, presentada por el Poder Ejecutivo el pasado 21 de enero, recibió el visto bueno de los siete diputados presentes en la sesión de la Comisión. El foro está dominado por el oficialista Partido Liberación Nacional, que cuenta con 5 de los 12 integrantes.
Ahora el proyecto debe superar el debate en el Plenario Legislativo, y la oposición de los legisladores del Movimiento Libertario. Precisamente, el único legislador de esta fracción miembro del panel no llegó a la sesión.
"Siempre hay cosas que faltan por conciliar. Los libertarios y los diputados de la Unidad Social Cristiana han insistido en la necesidad de modificar algunos puntos", comentó Gustavo Arias, diputado del Partido Acción Ciudadana y miembro de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
El principal argumento de la bancada rojiblanca para oponerse al proyecto es que el texto es omiso en cuanto al tipo de inversiones sobre las que pesará el recargo tributario y el depósito obligatorio que este instaura.
"El Ministerio de Hacienda quiere que la redacción quede abierta porque la causa del problema no son solo los títulos valores, sino también la entrada de dólares por empréstitos adquiridos en el exterior y que al ingresar presionan el tipo de cambio. El objetivo real es entonces frenar el ingreso de cualquier tipo de dólar", aseguró Patricia Pérez, representante de los libertarios en la Comisión de Hacendarios.
Sin embargo para Arias "la ley no puede hacer la especificación que ella (Pérez) quiere hacer".
El proyecto pretende desincentivar los flujos de capitales extranjeros. Para esto, aumenta hasta en 30 puntos porcentuales la tasa del Impuesto sobre la Renta a cobrar por los rendimientos pagados por inversiones a no domiciliados.
La medida tendría vigencia por un plazo de seis meses prorrogables a partir del momento en que el Banco Central de Costa Rica declare que los flujos de capital causan un desequilibrio en la economía local.
Además, el ente emisdor tendrá el poder para ordenar que se realice un depósito obligatorio de hasta un 25% a los ingresos de capital no domiciliados que se inviertan en títulos valores inscritos en el Registro de Valores e Intermediarios.
