Un nuevo proyecto de ley pretende crear instrumentos legales para la defensa de los consumidores de servicios crediticios de cualquier índole, principalmente aquellos denominados "banca en la sombra".
La idea es defender a compradores que utiliza los servicios brindados por entidades que inclusive no están reguladas, como prestamistas, casas de empeño, financieras, operadoras de tarjetas de crédito, negocios de venta de electrodomésticos, agencias de viaje, etc.
Epsy Campbell, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), presentó esta tarde la propuesta a la prensa en la Asamblea Legislativa.
Según la diputada, los hábitos de consumo variaron y el uso de crédito por parte de los compradores es frecuente para adquirir productos y servicios.
Sin embargo, "esta nueva dinámica no ha sido acompañada de un marco jurídico para la protección de nuestros derechos como consumidores, lo cual ha provocado abusos que es nuestra responsabilidad detener", explicó Campbell.
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El documento propone la creación de la Defensoría del Consumidor Crediticio, que estaría adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic) y velará por los derechos de estos consumidores y la revisión de los contratos de adhesión utilizados por los prestadores de estos servicios.
Además, este ente podría atender consultas, realizar procesos conciliatorios, crear programas de educación, entre otros.
Entre otras medidas, el proyecto propone la prohibición al acoso telefónico y la creación del derecho de que cada consumidor pueda elegir la cantidad de cuotas por pagar en el contrato del servicio de crédito.
En línea con la "banca en la sombra", la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) también quiere crear un marco que le permita ampliar el perímetro de fiscalización de entidades, hacia el segmento que no está regulado.
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En caso de concretarse, empresas comerciales que otorgan créditos a sus clientes o aquellas que están dedicadas a la entrega de préstamos de dinero o tarjetas de crédito, pero carecen de regulación, tendrían que cumplir con los mismos requisitos que los bancos, cooperativas y demás entidades del sistema financiero nacional.
Aunque la idea inicial era que la propuesta estuviera lista en 2016, el proyecto sigue en elaboración.