Ministerio de Hacienda planteó techo del 2% del PIB

Por: Eugenia Soto Morales 6 abril, 2014
 Impulsan freno al déficit
Impulsan freno al déficit

A inicios de los 80, a mediados de los 90 y de nuevo hoy, los apuros financieros del Gobierno Central han proyectado una larga sombra sobre el desempeño del país.

Para ponerle coto al ciclo de balance y deterioro del erario público, el Ministerio de Hacienda planteó la creación de una regla fiscal que ponga por ley un techo al déficit del Gobierno.

La medida forma parte de un compendio de propuestas que nutrirían la recaudación y controlarían el gasto público con el propósito de alcanzar un ajuste fiscal equivalente al 3,5% de la producción local en cinco años.

 Impulsan freno al déficit
Impulsan freno al déficit

Sin acciones correctivas, el faltante de dinero crecería hasta representar un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) en cinco años.

Para cubrirlo, el Gobierno deberá endeudarse más y sus obligaciones alcanzarían un monto equivalente al 58% del valor de la producción local.

Este tamaño del déficit no se registra en Costa Rica desde 1980, cuando fue equivalente al 9% del PIB. Tras algunos años con tamaños más modestos, en 1994, la brecha entre ingresos y gastos creció a un 5,5%.

 Impulsan freno al déficit
Impulsan freno al déficit

“Es importante que en Costa Rica exista una regla que exija responsabilidad fiscal a los Poderes del Estado”, aseguró Édgar Ayales, ministro de Hacienda, en la conferencia de prensa durante la cual hizo público el documento “¿Cómo lograr la consolidación fiscal? Recomendaciones para una hoja de ruta”.

Las reglas de la regla

La regla fiscal planteada por Hacienda establecería un techo del 2% del PIB al déficit estructural del Gobierno.

 Impulsan freno al déficit
Impulsan freno al déficit

Este es un nivel que evita un incremento en la relación entre la deuda pública y el PIB en el mediano y largo plazo.

El déficit estructural utilizado en esta regla es el componente del faltante financiero que no se explica por fluctuaciones cíclicas en la actividad económica o por otros factores temporales que inciden en las finanzas públicas.

La regla incluye normas financieras para el Sector Público como el requerimiento de que todo nuevo gasto público sea creado con su propia fuente de financiamiento y la sujeción de los Poderes del Estado a los lineamientos financieros y administrativos dictados por el Ejecutivo.

El Financiero | Archivo
El Financiero | Archivo

Además, la propuesta incluye el mandato obligatorio para todas las entidades de publicar en sus páginas de Internet el detalle de sus gastos, incluyendo el paso de salarios por persona y la compra de bienes.

El modelo prevé situaciones de excepción que suspenderían la aplicación de la regla en casos de una desaceleración severa de la actividad económica, aumento importante en las tasas de interés o de emergencias nacionales.

Para vigilar el cumplimiento de la meta fiscal y para autorizar las excepciones a su aplicación se crearía un consejo consultivo, conformado por exministros de Hacienda.

“Esto es un candado al marco en el cual actúa cualquier gobierno. Se trata de que el país disfrute de cierta estabilidad; ese es el gran aporte de las reglas fiscales. En Chile se hizo con mucho éxito”, comentó Edna Camacho, exviceministra de Hacienda.

La regla fiscal chilena, adoptada durante la administración de Ricargo Lagos (2000-2006), se asemeja a la propuesta por Hacienda en tanto le pone un techo del 0% al balance estructural del sector público, eliminando los vaivenes del precio mundial del cobre.

Chile forma parte de un grupo creciente de países que han instaurado reglas fiscales.

Según un recuento del Fondo Monetario Internacional (FMI), 75 países tenían aprobada alguna versión de estas herramientas fiscales a finales de marzo del 2012, en comparación con solo cinco en 1990.

El papel aguanta

Las reglas fiscales no son precisamente una idea novedosa para Costa Rica.

Ya la Constitución Política y la Ley de administración financiera y presupuestos públicos contienen artículos que salvaguardan el equilibrio en las finanzas.

Los artículos 122, 176 y 179 de la Carta Magna establecen que el Congreso no puede aprobar nuevos gastos sin que cuenten con un respaldo financiero.

Sin embargo, en su documento, Hacienda señala que esta norma puede ser interpretada de manera que se admitan gastos financiados con créditos, “volviéndolas un mecanismo inefectivo para evitar que la creación de nuevos gastos redunde en un mayor déficit fiscal”.

Por su parte la Ley de administración financiera dispone que los gastos corrientes solo podrán ser financiados con ingresos corrientes. Esta regla no se cumple.

El incumplimiento de las disposiciones actuales salpica a una futura regla fiscal. En la propuesta de Hacienda no mencionan posibles sanciones que aseguren el cumplimiento de la regla fiscal.

“La regla propuesta es un complemento a las que ya existen sobre un principio de autocontención del gasto. Su eficacia va a depender del compromiso de cumplimiento que se asuma”, comentó Anabelle León, socia de Impuestos y legales de la firma consultora Deloitte.

El cuerpo de leyes actuales no ha impedido que en ocasiones anteriores se haya intentado establecer reglas fiscales.

Tal fue el caso del proyecto de “Garantías económicas” impulsado por el entonces presidente Miguel Ángel Rodríguez pero que nunca vio la luz en la Asamblea Legislativa.

Tijera al gasto

La intención de imponer límites legales al déficit del Gobierno, es una de las medidas recomendadas por el Ministerio de Hacienda para sanear las finanzas.

Esta se complementa con una combinación de cambios en el esquema tributario y medidas para la contención del gasto que juntos eliminarían el déficit primario en cinco años.

Aunque en esta nueva intentona del Gobierno por encontrar una salida al laberinto fiscal se incluyó el tema del gasto público; el pez gordo de la propuesta siguen siendo los ingresos tributarios.

El combo propuesto de adopción de un Impuesto de Valor Agregado que grave los servicios y la migración hacia un esquema de renta global elevarían el monto que llega a las arcas del Estado en un 2,5% del PIB en un lapso de cinco años.

Las medidas en control de gasto representan ahorros iguales a un 1% de la producción.

La mitad de este punto porcentual se obtendría implementando la decisión administrativa de aplicar los ajustes salariales por inflación sobre la totalidad del salario de los funcionarios.

Actualmente este ajuste se aplica a la base de la remuneración, y termina duplicándose debido al efecto de los pluses salariales.

El esfuerzo en gasto es significativo aunque no enteramente satisfactorio para Ayales.

Tampoco satisface a Luis Guillermo Solís, candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC) a la Presidencia.

“La presunción es que no se puede sacar más por gasto, entonces hay que aumentar impuestos. Pero yo sigo viendo en los presupuestos fondos destinados a viáticos y viajes, y programas duplicados”, aseguró Solís.

La implementación de este paquete de recomendaciones, dependerá de quien haya resultado ganador de la segunda ronda el 6 de abril.

Solís aseguró que su equipo económico analiza el documento de Ayales, y aunque no ve con especial simpatía la implementación de una regla fiscal tampoco la descarta.

Menú de medidas

Estas son las propuestas de “Consolidación fiscal”.

Acción

Porcentaje PIB

Ingresos

2,51

Impuesto de Ventas -- IVA

1,55

Ampliar base a servicios con tasa general excepto salud, educación y Canasta Básica Alimenticia.

0,69

Servicios de educación y salud privados al 2%

0,04

Bienes de la Canasta Básica al 2%

0,22

Aumento gradual en tasa general del 13% al 15%

0,60

Impuesto sobre la Renta

0,96

Nueva escala a personas físicas con actividad lucrativa

0,02

Impuesto a las ganancias de capital sobre bienes inmuebles

0,08

Régimen general para bancos antes del impuesto a ganancias

0,08

Uniformar rentas pasivas del capital al 15%

0,07

Sustitución de cargas sociales por impuestos sobre la renta

0,0

Mejoras en Administración Tributaria y renta global

0,65

Gastos

0,98

Ajuste al salario total en línea con la inflación

0,48

Limitar pago de dedicación exclusiva

0,02

Congelamiento de plazas excepto en educación

0,12

Tope de pensiones del IVM con aplicación generalizada

0,21

Congelamiento en valor real de ciertas transferencias corrientes al Sector Público

0,15