Los hechos remontan al 2012 cuando una funcionaria sustrajo información y la cedió a un allegado

Por: Juan Pablo Arias 29 enero, 2014
 Protección. Nueve compañías de seguros en Costa Rica reportaron ingresos por primas en seguros de vida en los primeros siete meses del año. Los más altos los tuvo el INS, con $71,7 millones a julio del 2013.
Protección. Nueve compañías de seguros en Costa Rica reportaron ingresos por primas en seguros de vida en los primeros siete meses del año. Los más altos los tuvo el INS, con $71,7 millones a julio del 2013.

Una cliente del Instituto Nacional de Seguros (INS) hizo pública la mañana de este miércoles su reclamo a la aseguradora estatal por el uso indebido de información confidencial en su perjuicio.

Los hechos remontan al año 2012, cuando una funcionaria del INS de apellido Valverde sustrajo información privada de una asegurada, para proveerla a un allegado y que este la utilizara en su propio beneficio en un proceso judicial.

"Indignación, enojo y preocupación fue lo que sentí cuando me di cuenta que información sensible, confidencial y personal fue sustraída del INS para luego ser utilizada en mi contra", indicó la afectada en un comunicado divulgado por la Asociación de Consumidores Libres, en la cual se protegió su identidad.

Consultado sobre este tema, Guillermo Constenla, presidente de la aseguradora, dijo conocer el caso y explicó que la funcionaria involucrada fue sancionada por sustraer la información. Ella posteriormente renunció.

"No fue una gestión propia de una actividad del Instituto, sino que lo hizo de manera personal (...) La Institución no actuó por sí, fue el acto de un funcionario que actuó mal para favorecer a un tercero. Esa persona ya no trabaja aquí", indicó Constenla.

Además el jerarca del INS aseveró que desconoce la razón por la cuál su cliente hizo pública esta denuncia.

La Asociación de Consumidores Libres, recordó que la protección de datos está contemplada en la Ley Reguladora del Contrato de Seguros y que –de comprobarse la falta- podría implicar una multa de hasta un 5% del patrimonio de la aseguradora (unos ¢27.000 millones).

La queja fue llevada a la Superintendencia desde agosto del 2013, donde recibe trámite, según confirmó a este medio Tomás Soley, superintendente de Seguros.