Liberalización de precios en Costa Rica tocó un techo

Los precios que siguen siendo dictados por el Gobierno crecen a un ritmo más acelerado

  • Facebook (Compartir)
  • Tweetea!
  •  
  • Imágenes
  • Gráficos
  • /finanzas/Precios-regulados-alza_ELFCHA20130308_0004_5.jpg
    326x204
    Precios no regulados al alza
    / 10 MAR 2013

index

La desregulación de precios que arreció hace 15 años en Costa Rica parece haber topado con pared.

Después de definir precios de todos los bienes y servicios necesarios para la producción nacional, y hasta establecer los márgenes de ganancia para los comerciantes en la década de 1970, el Gobierno se batió en retirada.

El proceso de apertura de la economía y la firma de tratados comerciales hicieron que entre 1994 y 1999 los bienes, cuyo precio fijaba el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) por decreto, pasaran de cinco a solo uno: el arroz.

También se mantuvo la tutela estatal para las tarifas de 11 servicios públicos a cargo de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) y las costos de los servicios profesionales.

Por lo tanto, en el largo camino de la desregulación de precios, el trecho que queda ya es poco, pero complicado.

“La diferencia con los servicios públicos es que son monopolios. En una ruta de buses no puede haber varias compañías compitiendo. Tenemos un monopolio de importación de combustibles. Si no hay competencia, se necesita que el Estado regule esos precios”, aseguró Eduardo Lizano, economista y expresidente del Banco Central.

A toda máquina

Sin embargo, son estos precios regulados los que han acicateado el crecimiento de la inflación, que alcanzó un 6,5% interanual durante febrero. El porcentaje desborda, por primera vez en casi 40 meses, el rango meta de entre 4% y 6% establecido por la Autoridad Monetaria.

En específico, las tarifas de los 11 servicios públicos regulados por Aresep y el arroz experimentaron en febrero un crecimiento interanual del 15,8%, tres veces más que el crecimiento promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el último año.

Por su parte, los precios no regulados registraron una variación del 4,1%.

Especialmente fuerte fue el incremento interanual en la tarifa del agua que alcanzó un 64,6%, seguida de los pasajes de bus que aumentaron 15,7%.

“La Aresep está obligada a reconocer a las empresas el servicio al costo, y esos costos son los que ha reconocido la Autoridad Presupuestaria, y la Sala Constitucional cuando valida convenciones colectivas”, expuso Dennis Meléndez, regulador general.

La discusión en torno a la fijación de precios actualmente se centra más en la adecuación de las metodologías utilizadas por la Aresep para otorgar aumentos más en que la pertinencia de esa regulación.

No obstante, ese debate está latente. “Si el país decide que no quiere regular esos precios, lo que se requiere es un cambio de ley”, señaló Herman Hess, economista y exregulador general.

Soltando amarras

Ese debate tomó fuerza en el país cuando se desechó el modelo de sustitución de exportaciones y se adoptó el de “crecimiento hacia fuera”, que pasa por la apertura y la inserción en la economía mundial.

La fijación de precios y márgenes de ganancias por parte del MEIC, potestades ganadas con la Ley de defensa económica de 1950 y la Ley de protección al consumidor de 1975, se volvieron un ancla que impedía dar el viraje.

“Esa regulación era muy cara y no podía asegurarle al consumidor que obtenía el precio más bajo. Por eso se fueron desregulando gradualmente los precios”, comentó Ana Victoria Velázquez, directora de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom).

Por su parte, la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con México obligó al país a aprobar la Ley de la promoción de la competencia que limitó la intervención estatal en la fijación de precios.

Ese papel recayó en las fuerzas del mercado, excepto en los casos en que se detecten anormalidades en el mercado u oligopolios.

Las excepciones a la liberación son el arroz, cuyo precio a los industriales sigue en poder del MEIC, las tarifas de servicios públicos bajo la tutela de Aresep, y los honorarios por servicios profesionales establecidos por los colegios profesionales.

Estas últimos se mantienen gracias a un fallo de la Sala IV que invalidó el decreto sobre su liberalización.

“Si en otros mercados un grupo de competidores se ponen de acuerdo sobre los precios los sancionamos, pero respetamos la decisión de la Sala IV”, comentó Velázquez.

¿Marcha atrás?

Con una vía limitada para moverse hacia la liberalización de precios, el tren amenaza con devolverse.

Un ejemplo es el proyecto de “Ley de regulación de precios de medicamentos” propuesto por el diputado José María Villalta, de Frente Amplio.

Este propone topes a los precios de los fármacos y a los márgenes de ganancia de las farmacias.

El proyecto logró un dictamen afirmativo unánime por parte de una comisión especial que lo estudió. Ahora espera el debate en el Plenario Legislativo.

El debate sigue abierto, ¿mercado o Estado? Y cuando la opción es la última, ¿cómo hacerlo? Con 15 años de un rumbo fijo, persisten los nublados en el horizonte.

Largo camino

La liberalización de precios se aceleró con la negociación del Tratado de Libre Comercio con México.

1975: 2 de febrero

La Ley de protección al consumidor permite al MEIC fijar precios de bienes y servicios necesarios para la producción.

1994: 20 de diciembre

Se aprueba la Ley de promoción de la competencia que limita la fijación de precios.

1996: 6 de octubre

Aresep inicia operaciones.

1998: 29 de abril

Se libera el precio del café. En ese momento, el MEIC tenía fijado en ¢860 el precio por kilo de café con 12% de azúcar.

1998: 2 de junio

Gobierno libera los precios del cemento y la manteca.

1999: 20 de enero

Se libera el precio de la leche gracias a un acuerdo sobre desgravación arancelaria entre el Gobierno y los productores.

1999: Octubre

Sala IV restituye los tarifarios de servicios regulados por colegios profesionales.

2013

Las tarifas de servicios públicos, los precios de servicios profesionales y el arroz son los únicos que siguen siendo regulados en el país.

Sostenbilidad y financiamiento