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Cuando una persona anticipa su pensión, el régimen debe asumir ese gasto antes de lo estipulado y el flujo de efectivo se estrecha. (ARCHIVO GN.)
La posibilidad de que afiliados al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) puedan retirarse antes de los 65 años, en la llamada pensión reducida, sigue golpeando la liquidez del sistema y en diez años el costo fue de ¢70.000 millones.
Por ahora, si usted está inscrito al IVM, puede optar por pensionarse con 60 años (mujer) y 62 años (hombre).
Esto es lo que se denomina pensión anticipada con monto reducido, puesto que se da ese beneficio siempre que el afiliado cuente con un mínimo de 300 cotizaciones y esté dispuesto a que su pensión se reduzca 1,75% por trimestre anticipado.
Una persona puede renunciar a esa porción de su pensión, con tal de jubilarse de forma anticipada por dos razones: la primera es que ya no tiene alternativas de incorporarse al mercado de trabajo y, la segunda, es por alguna situación familiar.
Sin embargo, esta opción se irá cerrando a partir de marzo del 2018, debido al golpe que genera en la liquidez del régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
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El portillo se cerrará de forma gradual por lo que continuará impactando al sistema en los próximos años.
Solo en el 2016, 2.805 personas decidieron pensionarse con una pensión reducida (su nombre abreviado), con una monto promedio de ¢348.941.
En ese año, la pensión reducida representó el 23% del total de jubilados por vejez, pero en el pasado ha llegado a un tercio de este segmento.
En total, 21.481 aportantes se han jubilado con una pensión reducida desde que se abrió el portillo en 2005 y hasta el 2016, según datos del área de pensiones de la Caja.
Si una persona anticipa su pensión, pero acepta que le reduzcan el monto que recibirá, deja un efecto neutro en los costos del sistema. Es decir, el afiliado subsana el faltante de las cuotas de los años en los que no cotizaría con una reducción de su pensión.
Sin embargo, cuando una persona anticipa su pensión, el régimen debe asumir ese gasto antes de lo estipulado y el flujo de efectivo se estrecha.
La liquidez es clave en momentos en el que IVM acude a los intereses de la reserva para hacerle frente al gasto total de pensiones, pues las cotizaciones de los afiliados son insuficientes.
Así, cerrar el portillo de la pensión reducida dará aire al sistema en el corto plazo, aunque en el largo plazo signifique el pago de pensiones más costosas (puesto que las personas cotizarán más).
“Lo único, y por lo que estamos tomando las decisiones, es porque (la pensión reducida) estrecha el flujo de efectivo, pero el costo en el tiempo es igual o neutro”, dijo Ubaldo Carrillo, director de pensiones de la CCSS.
El cierre de la pensión reducida se une a otras medidas que buscan la sostenibilidad del sistema, incluido el aumento de un punto porcentual en el aporte de los trabajadores al IVM.
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El estudio de la UCR también propone otras medidas: el aumento de la edad de retiro de 65 a 70 años y que el porcentaje de beneficio para los afiliados pase del 60% al 40% del salario promedio.
Ese estudio destaca que si no se toman medidas urgentes, los ingresos, provenientes de aportes e inversiones, serían insuficientes para afrontar los gastos en el periodo 2022-2028, por lo cual se tendría que utilizar la reserva, que ese se agotaría en 2027-2034.
Debilidades y soluciones
Dos años después de su creación, la pensión reducida abrió las puertas a personas cuya pensión calculada resultaba menor a la pensión mínima.
En términos sencillos y a modo de ejemplo, si una persona debía recibir como pensión ¢80.000 pero la pensión mínima del sistema se ubicaba en ¢100.000, el régimen debía asumir esa diferencia, de modo que se generó un costo adicional de ¢20.000, explicó Rodrigo Arias, actuario de la UCR.
El cambio, además de representar un costo adicional, permitió que más personas se pensionarán mediante esta modalidad.
Según el estudio de la UCR, ese gasto de más fue de ¢17.618 millones entre 2005 y 2015.
Para muchos, el sistema de pensión reducida no debió abrirse, en primer lugar, y aún menos con el cambio aplicado en 2007.
“Lo que realmente afectó a la Caja fue que se permitieron los retiros anticipados con pensión mínima. Se creó un incentivo para que la gente se pensionara antes con un costo para el régimen”, dijo Edgar Robles, exsuperintendente de Pensiones.
Esta posibilidad estuvo abierta al menos por ocho años, y en 2015 se aplicó una reforma que cerró la alternativa. En su lugar, se estableció que la pensión calculada debía ser igual a la mínima.
¿Cuál fue el efecto de la medida? Una reducción en la cantidad de pensiones otorgadas.
La cifra de pensionados mediante la modalidad de jubilación reducida encontró un pico entre el 2012 y 2013, y luego tendió a estancarse. En 2016, la cantidad de jubilados bajó por primera vez.
Ese fue un primer paso, pero las pensiones anticipadas, por reducción, seguían siendo un dolor de cabeza para el régimen en términos de su liquidez.
Por ello, se iniciará un proceso gradual para aumentar las cotizaciones necesarias para optar por este tipo de jubilación.
En la actualidad, existe un mínimo de 300 cotizaciones para recibir este beneficio. Sin embargo, a partir de marzo de 2018, la cantidad de aportes requeridos para optar por una pensión anticipada subirá de 300 a 360.
El cambio se aplicará 18 meses después debido a convenios del país con la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y para acatar fallos de la Sala IV.
Además, por disposición de la Caja, se hará de forma gradual.
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Posteriormente, el monto se elevará a 420 cuotas a partir del primero de setiembre del 2019. El último paso ocurrirá el primero de marzo del 2021, cuando las mujeres deberán tener 450 cuotas y los hombres, 465.
De marzo de 2021 en adelante, no se aplicará el castigo del 1,75%, pues se cumpliría el requisito de cuotas vigente en el reglamento (retiro anticipado ordinario).
Para el economista Eli Feinzaig, la gradualidad podría generar un impacto negativo. “Si usted anuncia que dentro de dos años lo va a hacer, lo que está haciendo es incentivando avalancha de solicitudes de pensiones anticipadas”, explicó.
Con los cambios, el IVM está apostando a que sean dos las alternativas de pensión por vejez que prevalezcan en el tiempo: la ordinaria y la proporcional.
A la posibilidad de pensionarse con 180 cuotas se le denomina proporcional y acoge a personas que han tenido dificultades para mantenerse activos en el mercado laboral, por lo que no llegan al mínimo de cotizaciones solicitado a pesar de tener 65 años.
“Teníamos adultos mayores con 65 años que no cumplían con los requisitos para tener pensión ordinaria. La Caja se puso a tono con el convenio 102 de la OIT y abrió la posibilidad de que la población mayor a 65 años que no cumplía con las cuotas, pero tenía al menos 180, tuviera acceso a ese paraguas protector”, explicó Carrillo, de la CCSS.
En largo plazo, según la Caja, estas opciones permitirán que se constituya un equilibrio económico y actuarial.
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