Dinero se usaría para pagar deuda

Por: Sergio Morales Chavarría y César Augusto Brenes Quirós 21 junio, 2015
 Las entidades públicas, como las juntas de educación, que no ejecuten su presupuesto y acumulen dinero en la Caja Única del Estado lo perderían al cabo de dos años si prospera la iniciativa de Hacienda de eliminar esos saldos.
Las entidades públicas, como las juntas de educación, que no ejecuten su presupuesto y acumulen dinero en la Caja Única del Estado lo perderían al cabo de dos años si prospera la iniciativa de Hacienda de eliminar esos saldos.

Un plan del Ministerio de Hacienda pretende tomar el dinero ocioso de las entidades gubernamentales y usarlo para pagar deuda interna.

La propuesta consiste en tomar los recursos que las entidades tienen en la Caja Única del Estado, que no han utilizado en un plazo de dos años y reintegrarlo a las arcas de Hacienda para sea acreditado como pago de deuda interna o intereses.

Por ahora, todo está en el proyecto de ley 19.555 de eficiencia en la administración de los recursos públicos en la Asamblea Legislativa. Específicamente, está en estudio en la Comisión de Asuntos Hacendarios.

La iniciativa fue remitida al Congreso a finales de abril del 2015 y tiene buen ambiente entre los diputados. Se espera que la Comisión esté lista para dictaminar en julio próximo.

La Caja Única del Estado funciona como un banco de las entidades que están sujetas al presupuesto de la República, entre ellas, ministerios, municipalidades, juntas de educación de los centros educativos, universidades y fideicomisos .

Cada año, junto con el presupuesto, las entidades solicitan a Hacienda el depósito del dinero que requieren para sus necesidades. Sin embargo, algunas subejecutan los fondos y se origina un superávit, el cual se queda sin utilizar por varios años.

El pasado 8 de junio, la Tesorería Nacional contabilizó un total de ¢708.465 millones, mientras que en monedas extranjeras había $184 millones y 1,17 millones de euros.

En lo que respecta a la cantidad de entidades, Martha Cubillo, tesorera nacional, dijo que a junio estaban enlistadas un total de 2.031 entidades.

Fondos libres

El plan consiste en que los montos declarados como superávit libre que sobrepasen los dos años, sean enviados de nuevo a Hacienda.

Cada organización está obligada a declarar ese dinero ocioso al cierre de año. Según Cubillo, a la fecha es imposible cuantificar el porcentaje del saldo que corresponde a un superávit libre con más de dos años.

“Valga mencionar que existen saldos de periodos anteriores al 2014 que superan los ¢200.000 millones”, agregó.

De acuerdo con la legislación vigente, los organismos públicos pueden seguir generando superávit sin restricción de tiempo; la única limitante es el control presupuestario que se haga, es decir, la vigilancia entre lo que solicitan y lo que ejecutan.

Cubillo aclaró que el proyecto no pretende que las entidades públicas devuelvan dinero en efectivo a Hacienda, pues se trata de un movimiento contable que consiste en eliminar una cuenta por pagar y, por lo tanto, la autoridad afectaría el déficit fiscal al evitar el uso de esos recursos.

El superávit libre que se tomaría difiere del superávit presupuestado. Este último corresponde a los sobrantes de un año, pero que quedaron en la Caja Única por atrasos en trámites y que ya tienen una asignación.

Sin obstáculos

Por el momento y según algunos diputados, el proyecto de ley carecería de obstáculos para ser aprobado, pues coinciden en que el objetivo principal es aumentar la eficiencia de las entidades y la ejecución de obras públicas.

Otto Guevara, del Movimiento Libertario e integrante de la Comisión de Asuntos Hacendarios, dijo que, por ahora, no vislumbra que alguna fracción legislativa ponga obstáculos a la aprobación del proyecto.

Guevara dijo que, incluso, el plazo para eliminar los dineros sobrantes los hubiera recortado a un año, aunque considera que con ese tiempo algunos sectores objeten el plan porque no pueden tener una ejecución de obras en menor tiempo.

Por su parte, Rosibel Ramos, presidenta de la Comisión, aseguró que dentro del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) el proyecto tiene buen ambiente para su aprobación y adelantó que ya cuentan con un informe de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa.

Explicó que en este momento el texto es analizado por una subcomisión y que esperan tener avances en julio próximo.

El legislador del Partido Acción Ciudadana Ottón Solís recordó que el recorte de fondos en Caja Única fue una de las principales discusiones cuando se analizó el presupuesto del 2015.

Para Solís, los montos en superávit libre pueden ser eliminados en menos tiempo, pero reconoció que en algunos casos las entidades tienen el argumento de que las ejecuciones presupuestarias se atrasan por razones externas a sus controles.

Recordó que el año pasado el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes reclamó el eventual recorte de ¢4.000 millones, mientras que en Caja Única había acumulado ¢14.000 millones de proyectos sin ejecutar.

Dinero ocioso

Esto contempla el plan para eliminar los recursos ociosos en la Caja Única del Estado.

Plazo: En el caso de las instituciones y órganos incluidos en la ley que tengan recursos en Caja Única, no demuestren el cumplimiento de los objetivos y reflejen superávit libre al cierre del período económico (diciembre de cada año), contarán con un período máximo de dos años para ejecutar esos recursos.

Excepciones: Por el momento, estarían excluidos de la iniciativa la Caja Costarricense de Seguro Social, los bancos del Estado y el Instituto Nacional de Seguros.

Utilización del superávit: Una vez que se tengan las autorizaciones respectivas, mediante el Presupuesto de la República, los recursos de los superávits se destinarán específicamente a la amortización de la deuda externa e interna.

Fuente Proyecto de ley 19.555.