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Nicaragua: Reforma deja intacta exoneraciones

Aprueban nueva reforma tributaria que establece incrementos a ciertas tasas impositivas


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Con fuertes críticas de parte de economistas independientes y diputados opositores, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una nueva reforma tributaria que establece incrementos a ciertas tasas impositivas, pero que según algunos críticos, se quedó muy corta para satisfacer a los principales grupos empresariales del país, dejándoles intactas las exoneraciones fiscales.

Aunque no se ha brindado oficialmente el monto con el que el Gobierno pretende incrementar las recaudaciones con la denominada “ley de concertación tributaria”, un economista que participó en las discusiones afirmó que se estiman $18 millones adicionales por año con los cambios en los tributos.

René Vallecillo, experto en derecho fiscal y quien participó en las discusiones en representación del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), afirmó que la propuesta de reforma no establece nuevos impuestos, sino que básicamente busca incrementar ingresos por concepto de Impuesto sobre la Renta ( IR), en la renta que se genera fuera de Nicaragua, pero que tiene efecto a lo interno del país.

Por tal motivo, dijo que en el caso del Impuesto sobre la Renta, se establecieron tres nuevos tributos: el de capital, el de trabajo y el de actividades económicas. Con los tres impuestos se gravan una serie de ingresos provenientes del exterior para nicas y extranjeros residentes.

Otro aspecto importante, según el especialista, es que el techo de exoneración de IR para los trabajadores asalariados – que hasta ahora es de $3.122 al año–, se eleva a $4.163 al año.

Al consultársele sobre el hecho de haber dejado intactas las exoneraciones de impuestos que reciben los sectores empresariales del país, Vallecillo dijo que se acordó que en los próximos dos años continuarán igual y que posteriormente se presentarán proyectos de parte de los beneficiarios, que deberán incluir mejoras a la productividad, reconversión tecnológica y generación de mano de obra para que les sean prorrogados los beneficios.

El presidente de la Comisión Económica del Parlamento, el diputado Wálmaro Gutiérrez, afirmó que la nueva legislación es conveniente para todos los sectores económicos y sociales del país y destacó el incremento del techo de exoneración del IR para los asalariados como uno de los principales beneficios.

Rechazó además, las críticas de algunos economistas y políticos que señalan que la reforma sólo beneficia a los que más tienen y manifestó que la ley fue consensuada con diferentes sectores, y que es lo que conviene a todos.

Por su parte, el gerente general del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, negó como dicen algunos, que la reforma afecte a los trabajadores y segmentos sociales de bajos ingresos y manifestó que los que la critican pretenden destruir la unidad que se logró en torno al tema.

Beneficia a los que más tienen

Economistas independientes, y expertos en derecho fiscal y políticos opositores consideran que la llamada “ley de concertación tributaria” beneficia a los grandes empresarios que han estado recibiendo exoneraciones por años y continuarán igual, mientras los asalariados y dueños de pequeños negocios pagarán más.

El economista José Luis Medal, señaló en un artículo de opinión publicado en el diario La Prensa, que con la reforma las personas con elevadas rentas de capital seguirán pagando el 10% de IR, mientras los asalariados continuarán pagando un IR de entre el 15 al 30% hasta el 2016.

Criticó, además, que no se hayan eliminado las exoneraciones de impuestos a diferentes sectores económicos poderosos, mientras a los pequeños productores y los que menos tienen, se les cobran impuestos.

El experto en derecho fiscal, Julio Francisco Báez, criticó el hecho de que la reforma se haya discutido a puerta cerrada y solamente con la cúpula del Consejo Superior de la Empresa Privada.

“Es una reforma de catacumbas”, señaló Báez al considerar que esta se negoció de manera “soterrada”, sin incluir a los sectores sociales, mientras se garantizaron las exoneraciones fiscales.

Báez estima que el Estado deja de percibir entre $500 y $900 millones cada año por exoneraciones fiscales y evasión tributaria.

Añadió que la decisión de que la ley entre en vigencia el primero de enero del 2013, crea un serio problema, porque el año fiscal rige de julio de un año a junio del siguiente, por lo cual, se estaría cobrando nuevos impuestos por seis meses, lo que la hace inaplicable.

El diputado opositor Enrique Sáenz calificó la denominada “concertación tributaria”, como una “conspiración tributaria” contra los que menos tienen y como ejemplo citó el hecho de que en la Bolsa Agropecuaria, millonarias transacciones casi no pagan nada de impuestos, mientras en la nueva ley se le cobrará IR a los pequeños productores que hagan transacciones por montos de cercanos a los $ 50.

Cosep satisfecho

José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), expresó su satisfacción por el dictamen de ley de la reforma fiscal, ya que que, según dijo, quedaron protegidos los dos pilares que han estado impulsando el crecimiento de la economía del país; la zona franca y las exportaciones.

Señaló que lograron excluir de la propuesta una serie de impuestos para la zona franca y las exportaciones.

Ambos sectores, según Aguerri, mantienen los beneficios fiscales intactos, lo que permitirá, en el caso específico de la zona franca, continuar con el crecimiento en las inversiones en el sector.

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