Los seguros que adquiere el sector público representan un 20% de la industria

Por: María Fernanda Cisneros 2 noviembre, 2014
 La propuesta de la Superintendencia General de Seguros (Sugese) es incentivar procesos licitatorios más transparentes entre las entidades públicas, de modo que las aseguradoras compitan equitativamente.
La propuesta de la Superintendencia General de Seguros (Sugese) es incentivar procesos licitatorios más transparentes entre las entidades públicas, de modo que las aseguradoras compitan equitativamente.

La mayoría de instituciones públicas aún mantienen cerrados los canales de negociación con las aseguradoras privadas, aún después de seis años desde que arrancó la apertura del mercado.

Desde ese momento, el Instituto Nacional de Seguros (INS) dejó de ser la única opción para las pólizas del sector público, pero la ley dispone que se debe elegir a esta entidad sobre otra aseguradora en igualdad de condiciones.

Aun así, el desconocimiento o falta de interés, incentivan a que una gran parte de la administración pública no evalúe de forma transparente las opciones que le ofrece el mercado de seguros, según manifestó Tomás Soley, superintendente de Seguros.

 Sugese pide a instituciones del Estado más apertura con seguros privados
Sugese pide a instituciones del Estado más apertura con seguros privados

Las aseguradoras privadas no encuentran vías para acceder a un 20% del mercado, porcentaje aproximado de lo que significan las pólizas del sector público dentro del pastel de esta industria.

Esa cifra equivale a unos $220 millones, de un ingreso total por primas de $1.100 millones con los que se espera cerrar este año.

Sumado a ese 20%, está el 30% de las ganancias por seguros de riesgos de trabajo, por lo que el sector privado estaría accediendo a solo la mitad de la industria.

Las pólizas más comunes que contrata la empresas pública son: automóviles, incendio, equipo electrónico, embarcaciones, responsabilidad civil, entre otras, dijo Juan Sánchez, director de cliente corporativo del INS.

Las razones

Las causas de la poca apertura en esta área serían dos: el desconocimiento de lo que dispone la Ley Reguladora de Seguros sobre el tema y la contratación por inercia, ya que algunas entidades no cambian el esquema que vienen trabajando desde hace más de una década, en el que el INS era la única opción.

Lo que establece esa ley, en el artículo 7, es que el Estado contratará directamente al INS todos los seguros, siempre que esta institución ofrezca condiciones más favorables que otro competidor.

Sin embargo, este texto podría ser el que está haciendo dudar al funcionario público a no optar por otras opciones.

Varias consultas han llegado a la superintendencia para conocer si pueden tomar en cuenta ofertas de aseguradoras privadas en los contratos. Aún cuando la ley lo explica, parece que no queda claro y que la ley genera una confusión, afirmó Soley.

Las dudas llegan desde instituciones menos sofisticadas, ya que otras como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tienen clara la legislación.

Esta institución adquiere los servicios del INS por la oferta y calidad del servicio que le brinda, aun cuando han recibido propuestas de aseguradoras privadas, explicó Martín Vindas, gerente corporativo de administración y finanzas del ICE.

Otro factor que incide en esta realidad es la agresividad tarifaria del INS.

“Aun y cuando las aseguradoras privadas presenten excelentes opciones, el INS siempre bajará sus tarifas hasta donde sea necesario para no perder como clientes a ninguna entidad estatal”, dijo Mauricio Granados, del comité comercial de la Asociación de Aseguradoras Privadas.

Algunas instituciones han buscado cotizaciones en aseguradoras privadas, pero luego recurren al INS con tal de que les ofrezca una tarifa más baja.

“Es un comportamiento oportunista de corto plazo, porque el día de mañana la compañía le vuelve a subir las primas. La entidad no sabe si la oferta que le dieron es la mejor”, dijo Soley.

El proceso idóneo, que intenta incentivar la Superintendencia General de Seguros (Sugese), es que cada entidad esté dispuesta a que en el momento de adquirir un seguro, se realice una licitación.

La institución da a conocer al mercado cuál es la póliza que requiere y, con base en ello, las aseguradoras muestran su oferta. Así, se podrá seleccionar cuál es la mejor opción entre los participantes, sin cerrar las puertas a algunos competidores.

La inquietud de la Superintendencia General de Seguros (Sugese) se enfoca en las posibilidades de ahorro que se pueden estar perdiendo por inacción de la administración pública, ya que se podrían estar adquiriendo pólizas que no necesariamente representan el precio precio.

Según Soley, es un tema al que no se le ha dado la importancia requerida, ya que ante una coyuntura fiscal complicada, podría haber espacios de ahorro en el gasto público mediante esa sana competencia.

De acuerdo con la Sugese, para lograr un cambio, es necesario evacuar dudas sobre la legislación, por lo que se han dado a la tarea de tratar con cautela cada consulta que llega a la superintendencia sobre este tema.

Aun así, se conoce que el proceso de cambio será largo.

¿Qué dice la ley?

La Ley Reguladora del Mercado de Seguros permite que las instituciones públicas elijan la aseguradora que les ofrezca la mejor oferta.

Artículo 7:

El Estado ejercerá la actividad aseguradora por medio del INS y las sociedades anónimas que se establezcan entre bancos públicos y el INS. En virtud del principio de unicidad del Estado, tanto el Gobierno central como las demás instituciones del sector público, reconocen al INS como la única empresa de seguros del Estado. Para ello, el Estado contratará directamente con el INS todos los seguros necesarios para la satisfacción de sus necesidades, siempre que el INS ofrezca condiciones más favorables considerando prima, deducible, cobertura y exclusiones, así como la calidad del respaldo financiero y respaldo de reaseguro.

Fuente Sugese.