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De ser aprobado el proyecto de ley de manejo eficiente de las finanzas públicas, el costo de la supervisión pasaría a ser asumido en un 30% por las mismas entidades reguladas en el 2014 y en un 40% un año después.
Esa sería la nueva realidad del sector bancario, de pensiones, de valores y seguros, si el plan recibe el aval en la Asamblea Legislativa. Hoy está en discusión en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Actualmente, los regulados pagan el 20% del costo de la supervisión (unos ¢5.000 millones) pero, con el cambio, esa factura se duplicaría al 2015.
La reforma permitiría al Banco Central reducir el costo de la operación de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la Superintendencia de Pensiones (Supen), la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y la Superintendencia General de Seguros (Sugese).
También le ayudaría a reducir sus pérdidas, las cuales representan el 0,9% del PIB.
Empero, para los supervisados el esquema de financiamiento propuesto, supondría un aumento de sus costos y muy posiblemente también para los clientes de las entidades financieras.
En su conjunto, la operación de las cuatro superintendencias costará cerca de ¢24.000 millones en el 2013, un monto que que se ha mantenido sin sufrir cambios relevantes al menos desde el 2011, según datos de la Contraloría General de la República (CGR).
Segundo intento
Este sería el segundo intento que realizan las autoridades de Gobierno para liberar la carga de la supervisión al Banco Central.
El primero se dio en el 2007, en el contexto del proyecto de ley de capitalización del Banco Central, el cual proponía una reforma al artículo 174 de Ley Reguladora del Mercado de Valores .
En ese momento, se pretendía que los regulados asumieran el 50% del costo de la supervisión, pero la iniciativa no se concretó.
En abril pasado, el proyecto de manejo y eficiencia de las finanzas públicas intentaba reformar el artículo 174 de la misma ley pero proponía que el costo de la supervisión fuera asumido 100% por las regulados.
La propuesta fue criticada por le Bolsa Nacional de Valores (BNV), que advirtió que, para asumir la factura, por ejemplo, se tendrían que destinar ya no un 11% de las utilidades de los puestos de bolsa y de las sociedades de fondos de inversión, sino un 53%.
José Rafael Brenes, gerente general de la BNV, aseguró entonces que la propuesta sería letal para el mercado.
En respuesta, en agosto anterior, el Ministerio de Hacienda cambió el texto para solicitar a los regulados un aporte menor al financiamiento, ya no del 100%, sino del 40%.
Esta propuesta tiene una mejor acogida, pero también implica un aumento en los costos de los servicios que ofrecen las entidades que supervisan.
Vía tarifa
El superintendente de Pensiones, Édgar Robles, pide un plazo adecuado de transición, para que el sistema se adapte al nuevo esquema de financiamiento.
A su criterio, el modelo tarifario de comisiones tendría que incorporar el nuevo cobro dentro de los límites máximos que sean autorizados.
Una versión similar mantiene la Sugeval. El superintendente Carlos Arias recuerda que la iniciativa debe aclarar los tipos de cobro posibles que se aplicarían a los regulados.
El cambio también supone la posibilidad que esos costos mayores se trasladen vía comisiones a los servicios ofrecidos a los usuarios (clientes bancarios, inversionistas, asegurados y cotizantes).
Ese aumento, sin embargo, se daría una sola vez y quedaría diluido, pues el crecimiento del costo de las superintendencias ha sido, incluso, menor que la inflación.
Para el 2013, ese incremento presupuestario sería de apenas un 3,8% nominal (sin tomar en cuenta presupuestos extraordinarios). Además, la cantidad de plazas se ha mantenido también sin cambios desde el 2011.
En caso de que el costo sea asumido por las entidades reguladas, en algunos casos
Mismo cuestionamiento
El cambio se enfrentará, sin embargo, al mismo cuestionamiento que se le hizo en el 2007.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, la diputada Alicia Fournier, advirtió que se deberá evaluar la conveniencia de que sean los mismos regulados los que asuman el pago de su supervisión.
Sin embargo, que el costo de la supervisión sea asumido en su totalidad por los regulados es una práctica internacional, según lo consideró el exsuperintendente de Sugef, Francisco Lay, en abril pasado, en declaraciones al diario La Nación .
Otro aspecto que se incluirá en el debate en la legalidad de la estructura de financiamiento actual de la regulación.
En opinión del abogado Enrique Rojas Franco, hay bases legales para poder advertir que puede ser considerada inconstitucional, por rozar los principios de equidad y de igualdad frente a las cargas públicas.
Explica que los regulados tienen el derecho a ser supervisados por el Estado y que ese costo debe ser sufragado con los ingresos que, por la vía de impuestos, se cobran a los regulados.
Estos puntos serán parte del debate que seguirá, tan pronto termine de discutirse el Presupuesto Nacional de la República en la Comisión de Hacendarios.
