Se elevan los topes de cotización para los salarios de ¢400 a ¢1000, porque la CCSS estaba necesitando recursos debido a que Gobierno no tenía dinero para pagar sus cuotas y ya estaba endeudado con la CCSS.
Ese mismo año se pasa una Ley universalizando Seguro Social y se le concede un plazo a la CCSS de 10 años para hacer esto efectivo. Esta ley con el fin de obtener fondos, obliga a incorporar a los trabajadores independientes a la Caja.
Se dicta una Ley de traspaso de 23 los hospitales de las Juntas de Protección Social y tres de la Compañía Bananera a la CCSS. Se creía que eso era una ganancia ya que obtenía plantas físicas, equipo y personal. Sin embargo, eso significó una carga económica ya que esos hospitales ocuparon de inversión en plantas físicas y equipos. Además se le pagó al personal sus prestaciones y se recontrataron con salarios muy elevados, iguales al que ganaban los de la Caja.
Los hospitales de las Junta dejaron de recibir los ingresos que le daba la Lotería más un 20% de los ingresos por el impuesto de ventas que el Gobierno les entregaba, por lo que la Caja dejó de atender a los indigentes y se los pasó al Ministerio de Salud que no tenía recursos para ello.
El país sufre una severa crisis económica, el Gobierno de esa época dejó de pagarle a la CCSS sus deudas y para poder funcionar, IVM le presta al Seguro de Enfermedad y Maternidad (EM) ¢800 millones. La morosidad patronal privada aumentó, el régimen de EM tuvo un déficit de ¢48 millones y no le pudo pagar a los proveedores de medicamentos e insumos del exterior.
Los servicios de atención de los enfermos se deterioran mucho, y pese a ello el Gobierno se elevó la planilla de trabadores de la Caja de 16.000 personas en 1978 a unas 23.000 en 1982. Lo que agravó el problema de presupuesto de la institución.
La Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, exige que todas las entidades públicas incluyendo a las instituciones autónomas, declaren superávit de un 10% anual en sus presupuestos, el cual se debe destinar a la compra de bonos del Estado. La medida se unió al constante faltante de ingresos por parte del Gobierno y la mala gestión de cobro de la CCSS.
Se conocen los escándalos por los préstamos externos y se acusa al presidente ejecutivo, a uno de sus gerentes y otras personas por haber obligado a la Caja a aceptar una compra de instrumentos.
Ya en el año 2003, se había presentado en el Régimen de Salud un déficit de ¢23.000 millones, y un actuario había señalado que de seguir las fallas del Gobierno en el no pago de su cuota como patrono y Estado y la de los indigentes, habría un serio déficit para el 2010. El problema se concretó.
Pese al problema presupuestario, las autoridades de la Caja aumentaron el personal de la institución en 11.000 trabajadores. Además, se extiende sin tener el presupuesto los años de pago de cesantía de 12 a 20 años. Para entonces y desde 1995 el Gobierno ya acumulaba una deuda de ¢400.000 millones a la CCSS.
La CCSS tiene números positivos al menos con los patronos morosos. Ileana Balmaceda calificó como agresiva la actitud que asumió la entidad desde la crisis. La morisidad pasó de 0.78% de lo facturado en el 2010 a 0.55% en el 2011, para presentar un 0.36% en el 2012. Se trabaja en un plan para mejorar el cobro por validación de derechos de los asegurados con el fin de frenar el gasto en servicios que no cancelan los asegurados.Pese a esas acciones el gran deudor de la Caja, el Estado, se mantiene en rojo.
Desde 1990 debe ¢200 mil millones del traslado de competencias del Ministerio de Salud a la Caja. La entidad ha impulsado negociaciones sin éxito con Hacienda, lo cual desata la ira sindical. En tanto el INS no es buen cliente lo que obliga a mejorar los cobros por atención de accidentados.
Si bien la partida para alquileres no creció en el 2012, la CCSS no especifica cómo logrará financiar la construcción o adquisición de nuevos edificios para las unidades de salud, lo cual sugiere un estancamiento para el sector médico y el sindical. Para el 2013 crecerá el presupuesto de mantenimiento de la infraestructura pero a un ritmo menor.
La Unión Médica Nacional aún tiene dudas sobre la racionalización del gasto de las diferentes gerencias y del nivel central, lo cual impide, afirman, determinar si la CCSS sigue los lineamientos de austeridad que sí vigilan los centros médicos. En materia de equipamiento la Caja también aplicó su política de racionalización del gasto. Esa decisión y la de pasar de un pago de horas extras a uno de disponibilidad no convencen a los médicos.
Pese a la maraña legal Ileana Balmaceda afirma que la institución se ha logrado mover durante el último año. Sin embargo, lamentó que proyectos para mejorar la gestión cobratoria no hayan avanzado rápido en la Asamblea Legislativa. En materia de pluses salariales la junta directiva apenas inició un análisis de un estudio realizado para determinar la conveniencia de esa erogación. Empero, las acciones están lejos de concretarse en reformas legales que impliquen un ahorro y todo depende de que la institución logre un acuerdo con los sectores sindicales, que defienden sus derechos adquiridos.
Sobre la judicialización de la medicina, se abrieron espacios de comunicación con la Sala Constitucional para disminuir los casos donde los magistrados obligan a brindar tratamientos a asegurados quejosos.
Los notables recomendaron 91 acciones urgentes que quedan en el misterio. La junta se quejó por la escasa y tardía ejecusión de sus propuestas. Según la presidencia ejecutiva, los ciudadanos plantearon que hacer, pero no cómo hacerlo. Competencias ajenas a la Caja, como las de cambiar la integración de la junta directiva y pasar de la figura de un presidente ejecutivo a la de un gerente general, ponen en entredicho la conveniencia práctica del informe que pretendía trazar una ruta para sacar a la institución del mal momento.
Otras acciones en ejecusión, como el cambio en las gerencias y la política de uso racional de los recursos, son previas al informe de los notables, según argumentó Ileana Balmaceda, restándole impacto a las medidas sugeridas en setiembre del año pasado por los notables.
La idea de la exministra de Salud, María Luisa Ávila de intervenir la CCSS terminó por forzar su salida del Gabinete de Laura Chinchilla. El marco legal que cobija a la Caja deja en claro su autonomía. Sin embargo, esa normativa y la renuncia de Ávila, abrieron el debate sobre las verdaderas potestades de control que tiene el Gobierno Central sobre la institución y sus decisiones, y si esta es tan poderosa como para esquivar la intervención política del Gobierno en momentos de crisis.
El diputado Walter Céspedes, presidente de la comisión que investiga a la CCSS, cree que si bien hacen falta reformas legales, el ministerio podría asumir un rol más activo en la crisis, lo cual cree necesario para redefinir el modelo de atención de la salud pública. Sin embargo, Salud Pública continúa en una posición distante de la Caja, lo cual alimenta la incoherencia entre las leyes que rigen al sector.
Los malos manejos financieros del pasado y los casos de corrupción ligados a créditos internacionales para compra de equipos todavía impactan a la CCSS en el ámbito político. Esos perjuicios causados en el pasado, y que terminaron con la condenatoria del expresidente de la República, Rafael A. Calderón, aún marcan a la entidad y alimentan las críticas y las suspicacias de los representantes de los trabajadores de la institución sobre las causas del porqué la Caja aún mantiene una alta morosidad en el pago de las cuotas patronales y en el cobro a otras entidades públicas.
Eso hechos pasados también le echan gasolina a la hoguera donde se cuecen ideas como las de cambiar la integración de la junta directiva para eliminar el elemento político que aún persiste en su representación. A un año de la crisis no se tiene conocimiento de ningún nuevo caso de corrupción en la Caja.
A a mediados del 2011 se prevía un faltante de ¢94.000 millones para ese año, sin embargo no hubo faltante y la institución cerró con un superávit de unos ¢4.000 millones. Pese a que el monto no es suficiente, pues la Caja debe cerrar cada año con una reserva de más de ¢40.000 millones, sí se reconoce que la institución logró sanear sus cuentas.
La Contraloría General de la República (CGR) no duda de la bondad de las cifras, y asegura que los datos financieros se han cotejado con la situación contable y ofreciendo credibilidad a los datos. Para este 2012, el gerente financiero de la institución, Gustavo Picado, anuncia que la Caja cerrará sin déficit, situación que se repetirá en el 2013 e, incluso, prevé un superávit al 2014. La institución cumplirá en diciembre del 2012 dos años consecutivos de cerrar sin déficit.
Desde 1943 y hasta el 2011 las juntas directivas, de diversas épocas, concedieron una serie de beneficios extras o pluses salariales para todos los trabajadores de la CCSS, lo que hace que se dupliquen o tripliquen sus salarios a partir de la base, siendo esta una de las causas del desequilibrio económico actual de la institución. Hoy el 41% de todo el gasto en remuneraciones de la Caja corresponde solo al gasto por sobresueldos, La Contraloría prepara un nuevo informe sobre este tema y adelanta que sí es posible regular en mejor medida y sin necesidad de nueva legislación el otorgamiento de estos incentivos.
AL Caja además al menos en dos ocasiones (en los 80 y en el 2009) ha sido utilizada como vía para incrementar el empleo en momentos de crisis económica, lo que la ha hecho crecer sin planificación y la ha encarecido.
En el 2012 por primera vez en la historia de la institución la CCSS acudió a una línea de crédito bancario otorgada por el Banco Nacional con la cual la institución solventó las necesidades de liquidez que tuvo a finales y inicios del 2012. A la fecha ese crédito, que fue por unos ¢30.000 millones, ya fue cancelado entre febrero y marzo anterior según las autoridades de la CCSS, pero la situación pone de manifiesto el problema de iliquidez que mantiene la institución.
El préstamo del Banco Nacional funcionó como un puente mientras se vendían los bonos con los que el Estado pagó parte de su deuda en el 2011. Al línea de crédito permitió poner al día a la CCSS con los proveedores a los cuales se les dejó de cancelar hasta por cuatro meses. El crédito se consideró un indicador de que las finanzas de la CCSS mejoraban.
Desde el 2006 informe de la Contraloría General de la República señalan un inadecuado ambiente de operación de los sistemas de información financiera de la Caja. Advirtiendo incompatibilidades entre unos sistemas y otros. Ese año un proyecto de migración de sistemas (IBM 390 ) ya sumaba seis años de desarrollo sin llegar a puerto. El agotamiento funcional de las plataformas dificulta el cumplimiento de requerimientos de información de los usuarios internos y externos, las labores de control y gestión que han puesto en riesgo el contar con información certera de la gestión institucional.
De lo anterior se derivan problemas como la ausencia del Expediente Único de Salud, las largas listas de espera, y la falta de control en las compras de materiales y suministros que han provocado corrupción.
El pago de aguinaldos más la cancelación del salario escolar a los casi 50.000 empleados de la CCSS, suponen un desembolso de efectivo que a la Caja le cuesta asumir desde el 2009 a la fecha. Puntualmente la institución ocupa cerrar cada año con un superávit de ¢40.000 millones para no tener problemas de liquidez a inicios del año siguiente. En años anteriores al 2009, datos de la Contraloría recuerdan que la institución cerraba contaba con superávit cercanos a los ¢100.000 millones, lo que les permitía enfrentar estas obligaciones de pagos de salarios e incentivos con holgura.
El problema ha sito citado en los informes de la Comisión de Notables como la Defensoría de los Habitantes en los que se señala que la situación de liquidez resulta ser el problema más crítico y urgente a resolver por la institución.
Por los medicamentos han salido a relucir en el 2012 las principales señales de deterioro en el servicio a pacientes de la CCSS. Medicamentos vencidos, carencia de ellos hasta por un año y corrupción en los procesos de compra, han obligado a la institución a desarrollar una reingeniería de todo el proceso de compras en el 2012, que son un 9% del presupuesto (¢210 millones).
Según las autoridades,se ha incurcionado en compras digitales a través de la plataforma Mer-link del gobierno digital, sin embargo la comisión del 1% del total de compras resultó ser muy onerosa para la institución, por lo que la Junta Directiva aún analiza la digitalización del proceso de compras. De momento, una mejora administrativa ha permitido ahorrar $4 millones, respecto a las compras del 2011.
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