Costa Rica pierde atractivo para casinos

Legislación y competencia desleal de tragamonedas ha afectado el negocio de apuestas últimos años

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    Costa Rica pierde atractivo para casinos
    / 17 ENE 2014

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Un ajuste en la legislación existente, la entrada en vigencia de la Ley antitabaco y el incremento en la competencia desleal son parte de las razones por las cuales Costa Rica está dejando de ser atractivo para los casinos.

Esta industria, además, opera con poco control por parte de las autoridades de Gobierno, por lo que la disminución en la rentabilidad no se relaciona con estándares más estrictos.

No se sabe con exactitud cuántos casinos operan en el país, pues el listado de los contribuyentes de impuestos no coincide con los que tienen permiso de operación.

Además, existen algunos locales que operan sin permiso y sin pagar los impuestos, en especial de máquinas tragamonedas.

“Desde hace como 16 años estamos tratando de que se regule la industria. Hemos tenido avances en temas tributarios, hemos tenido varias reuniones con Hacienda, pero falta control, hay muchos operando sin pagar nada y otros ahogándose”, dijo Jorge Hidalgo, presidente de la Asociación Costarricense de Casinos y presidente de Casinos Concorde.

Sin embargo, varias cadenas se las han ingeniado para seguir sus operaciones, aunque no prevén lograr expandirse.

Mercado poco amistoso

Hidalgo consideró que el negocio dejó de ser rentable en Costa Rica desde hace unos tres años, cuando se comenzaron a ver los primeros cierres de locales y a disminuir la cantidad de mesas en los existentes.

Por ejemplo, los Casinos Concorde eran cuatro en el país hace tres años y hoy solo tienen el del hotel Best Western Irazú. Hidalgo informó que pasaron de 180 empleados a 90.

“Que yo tenga conocimiento sé que en los últimos años se cerraron dos en Puntarenas, uno en Jacó, otro en Quepos, un par de Guanacaste y otro en Guápiles”, informó Hidalgo.

El presidente de la Asociación citó como causas la obligatoriedad de vender el licor en vez de darlo de cortesía, la entrada en vigencia de la ley antitabaco en el 2012 y los ajustes a los impuestos ya existentes. Se suma también un aumento en la ilegalidad.

“En lugar de alentar a la industria y hacer un verdadero estudio para definir los impuestos, se desalienta”, agregó Hidalgo.

David Pirie, director de mercadeo de Thunderbirds Resorts –dueños de los casinos Fiesta y Lucky’s– comentó que desde el 2012 tomaron la decisión de cerrar algunos locales pequeños porque no estaban en condiciones de competir contra las salas de juego ilegales que han proliferado abiertamente y sin control.

Hace unos cinco años contaban con 800 empleados, hoy tienen 332. Estas cadenas ingresaron al país en el 2003.

Pirie admite que el negocio sigue manteniendo un margen de rentabilidad, pero menor al de hace unos tres años.

“Las autoridades desconocen cuáles son los operadores serios y responsables y cuáles son operadores al margen de la ley o, peor aún, encubiertos bajo la apariencia de ser inocentes salas de juegos electrónicos”, agregó Pirie.

Los empresarios indicaron también que es un golpe el cobro de $5.000 anuales por el permiso de salud, pues se les considera una actividad riesgosa.

El costo usual de este permiso para otros negocios ronda entre $50 o $100 cada tres o cinco años.

Lenta rentabilidad

El 9 de mayo del 2013 abrió sus puertas el Grand Casino en el hotel Sheraton en Escazú y cuenta actualmente con 70 empleados.

Gloriana Jiménez, gerente de mercadeo, comentó que para iniciar operaciones se realizó una inversión muy grande y las ganancias han sido graduales.

“No es un mercado fácil pero sí se llega a obtener rentabilidad a largo plazo”, añadió.

Jiménez manifestó que han tenido que ser “más creativos” para atraer clientes, pues hay mucho control respecto a cortesías de licor –que son prohibidas–, promociones y sorteos.

Datos del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría indican que en el 2012 existían 44 casinos y 48 en el 2013, por lo que no se registra una disminución abrupta.

Hidalgo dijo que las afectaciones no se ven solo en locales cerrados, sino en el flujo de caja.

“El pago mes a mes es complicado, conozco varios casinos que están cerca de operar en negativo, lo que pronto los llevará al cierre”, dijo Hidalgo.

Cobro irregular

El Ministerio de Seguridad es el encargado de otorgar el permiso de operación a los casinos.

Estos locales deben formar parte de un hotel con calificación igual o superior a cuatro estrellas y la infraestructura no puede ser mayor al 15% del área total.

Existen 36 casinos inscritos ante el Ministerio de Seguridad, pero solo 28 tienen el permiso de operación al día. Sin embargo, los datos de Hacienda dan otros números. Registra 48 casinos que pagan impuestos.

Al comparar ambos listados, solo 16 casinos cuentan con el permiso de operación y además pagan sus respectivos impuestos.

Hay también cinco entidades reportadas en Hacienda pero están suspendidas por Seguridad.

La diferencia entre la operación real y la reportada hace que el cobro de los impuestos sea intermitente.

Los datos del Ministerio de Hacienda indican que para el 2013 se tributaron ¢3.450 millones (al corte de noviembre).

Pirie, de Thunderbirds Resort, señaló que el problema no son los ajustes a la Ley de impuesto a casinos y empresas de enlace de llamadas a apuestas electrónicas , sino la existencia de salas de juegos electrónicos que aparentan ser lo que no son. “A ellos no se les cobra impuestos como a nosotros”.

Este formato de apuestas tampoco está obligado a los porcentajes mínimos de devolución de premios a clientes, pues no funcionan bajo la ley de casinos.

¿Cuánto pagan?

El Impuesto a casinos se compone de tres rubros:

Impuesto sobre ingresos netos: 10% sobre los ingresos netos originados en la explotación de casinos.

Impuesto sobre mesas de juego: 60% de un salario base por cada mesa de juego.

Impuesto sobre máquinas: 10% de un salario base por cada máquina tragamonedas que funcione dentro del casino.

Multas: 10 salarios base por cada mesa de juego donde se practiquen juegos no autorizados. Igual monto por cada máquina tragamonedas que funcione sin autorización.

Otros: Renta, ventas, retenciones y el timbre para educación y cultura.

Fuente Ley 9050.

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