Por cada libro que coloca en el mercado la editorial y distribuidora Edisa, su gerente general, Leopoldo Escobar, estima que se venden clandestinamente tres fotocopias del mismo título.
La situación se da principalmente en las unidades de corte universitario y educativo, de cuyas ventas depende la empresa en un 70%.
El caso se repite en la comercializadora de libros Grupo Aduca, que en el 2011 sufrió una baja del 50% en sus ventas y este año ya reporta una reducción del 30%.
Un ejemplo más de la crisis del sector editorial del país es el de Librería Lehmann que, a causa de una caída del 40% en unidades vendidas, ha debido redimensionar y diversificar su negocio a través de nuevas marcas, que se alejan de los libros y explotan los nichos tecnológicos y de oficina.
¿A qué se debe el fuerte embate de esta industria?
Además del cambio de hábitos de lectura del costarricense y de la competencia que significa la tecnología, la Cámara Costarricense del Libro (CCL) señala un culpable: la violación de los derechos de autor a través del fotocopiado.
Pulso de sectores
Aunque la lucha contra los centros de copiado en el país data de varios años , la discusión se avivó en junio pasado con la aprobación en segundo debate legislativo del proyecto de ley 17.342, que despenaliza los servicios de fotocopiado de obras con fines educativos.
Este proyecto modifica varios artículos de la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039, del 2000), la cual castiga dichas acciones con hasta cinco años de cárcel y una multa que puede llegar a 500 salarios base.
Antonio Lehmann, vicepresidente de la CCL y gerente general de Librería Lehmann, cree que despenalizar la actividad dejaría un portillo para que –como ha sucedido con otras leyes– también se eliminen las multas por considerarse “desproporcionadas”.
Sin embargo, representantes del Movimiento Fotocopiando para Estudiar (uno de los impulsores de la reforma) y de varios centros de copiado consideran necesario proteger el negocio de los centros, pues alegan que proporcionan al estudiante el material necesario para sus carreras.
No obstante, Dunnia Solano, gerenta general de Aduca, cree que la despenalización fomentaría el fotocopiado y empeoraría la crisis actual del sector.
“De continuar así, no hay duda de que algunos tendríamos que salir del mercado en el corto plazo”, comentó la gerenta.
La misma opinión sostiene Óscar Castillo, director de la editorial Uruk Editores.
“El problema no son los centros de copiado, sino los distribuidores de equipo y materia prima como papel y tinta que hay detrás de ellos, pues se trata de una industria con mucho poder”, sentenció Castillo.
De acuerdo con datos estimados por la CCL, en el 2005, el mercado del libro en Costa Rica representaba $200 millones, pero el 40% de esa cifra era susceptible a ser pirateado.
No es color de rosa
En los últimos tres años, el centro de fotocopiado Copieco, ubicado en los alrededores de la Universidad de Costa Rica, en San Pedro, redujo su tamaño de 400 a 80 metros cuadrados y su planilla de 30 a 6 colaboradores.
Álvaro Ugarte, propietario de la pyme, habla también de bajas en ventas de hasta 70%, debido a la amenaza que ha representado la penalización de su actividad.
La señal de alerta se encendió aún más en el 2007, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con EE.UU., ya que este exige el cumplimiento de la Ley 8039.
La misma situación la vive Carlos Rodríguez, dueño de Copy Carlos, negocio cercano a la Universidad Nacional en Heredia.
Según Rodríguez, sus ingresos por fotocopias para estudiantes se redujeron a un 50% y pasó de tener 7 a 2 empleados fijos.
Así como los libreros, los copistas han debido replantear su actividad. Parte de lo que era Copieco hoy es ocupado por un restaurante y en Copy Carlos el fuerte es el servicio que da a empresas.
Mis Copias, en San Pedro, es otro de los centros que reporta menos ventas y empleados.
Para estos empresarios, solo la despenalización reactivaría su actividad.
Luis Orozco, líder de Fotocopiando para Estudiar, también considera indispensable la entrada en vigencia de la reforma.
“Se requiere de centros de fotocopiado que garanticen la existencia del uso académico que el estudiante le da al texto reproducido”, asegura Orozco.
Nuevo canon
Mientras el proyecto de reforma espera la aprobación o veto del Poder Ejecutivo, la CCL organizó la Asociación Costarricense de Derechos Reprográficos (Acodere) que estaría lista para operar este mismo mes.
La intención de Acodere es permitir –a partir de la doctrina del uso debido de las fotocopias que establece la Ley 8039– la reproducción de textos educativos, pero cobrando a los copistas un canon por derechos de autor.
Esta forma de atenuar el daño a la industria editorial es usada en países como Canadá.
Mientras tanto, la posición de la CCL es respaldada entidades como la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic) y la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio que han insistido en un veto al proyecto de ley.
Alexander Mora, presidente de Camtic, expresó que la eliminación de penas de cárcel no se sustenta en ningún estudio técnico y menos en la consulta a otros sectores involucrados como el audiovisual y el del software .
Nuevas reglas
El proyecto de ley 17.342 busca garantizar que las fotocopiadoras no sean sancionadas por prestar servicios educativos.
La propuesta pide modificar los artículos 51, 52, 54 y 58 de la Ley Nº 8039.
Uno de los principales cambios establece que no será punible la reproducción sin fines de lucro de obras educativas, conforme a los usos debidos que impuso la Ley.
Igualmente, no serán punibles los servicios de fotocopiado con fines ilustrativos para la educación.
Tampoco se penalizará la utilización de obras literarias para fines educativos por medio de antologías y compendios.
Fuente Proyecto de ley Nº 17.342,