Costarricenses se sienten más cómodos cuando tienen que devolver un producto defectuoso o solicitar un cambio

Por: Cristina Fallas Villalobos 25 junio, 2015
Los comercios no pueden establecer mínimos de compra, ni eliminar descuentos por el uso de la tarjeta.
Los comercios no pueden establecer mínimos de compra, ni eliminar descuentos por el uso de la tarjeta.

Imagine que compra un televisor, se lo lleva a su casa, comienza a usarlo y a los pocos días comienza a fallar. ¿Aceptaría el problema y lo sigue usando, o buscaría una solución?

Según el Perfil del Consumidor 2015, más de la mitad de los consumidores suele quejarse, pedir devolución del dinero o que le cambien el producto, cuando tiene un inconveniente con el artículo, aunque sea barato.

Asimismo, se presenta una baja importante, de siete puntos porcentuales, en la proporción de personas que se siente incómoda cuando tienen que devolver un producto defectuoso o solicitar un cambio. La cifra pasó del 52% en 2014 a 45% para este 2015.

El estudio identificó que los clientes exigentes, quienes destacan por estar dispuesto a pagar más por productos o servicios de mejor calidad, y los cazas promociones y descuentos, que se caracterizan por ser impulsivos al comprar, se quejan más.

Caso contrario sucede con los fieles, quienes prefieren visitar las mismas tiendas y comprar las mismas marcas, y los informados, que consideran que todos los locales ofrecen lo mismo por lo que comparan para identificar la mejor opción.

A pesar de que una mayoría de los costarricenses se queja ante los problemas y exige sus derechos, disminuyó considerablemente (de 80,6% en el 2014 a 68,5%) la cantidad de personas que reconoce que en Costa Rica existen organizaciones públicas que velen por la defensa de los derechos de los consumidores. En este caso, el nivel alto tiene un mayor conocimiento y este aumenta conforme la edad.

Entre las entidades que reconocen destaca la Comisión Nacional del Consumidor, la que un 60% de los entrevistados cree que defiende a los consumidores y tiene la capacidad para hacerlo. Sin embargo disminuye, con respecto al 2014, la proporción que opina que tiene la capacidad de parar las prácticas abusivas de algunas empresas y proveedores de servicios.