OPINIÓN

Editorial: Atrofia legislativa


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La entrevista al presidente del directorio de la Asamblea Legislativa, diputado Henry Mora, que publicamos en nuestra edición anterior, resume, casi sin quererlo, algunos de los principales problemas de la función legislativa.

Por definición, en todo Congreso confluyen las principales fuerzas políticas del país con el propósito de confrontar diferentes puntos de vista, concitar acuerdos y tomar las decisiones más trascendentes para la sociedad. No por otra razón, decisiones tan importantes como la aprobación o no del presupuesto o de nuevos impuestos se supone compete exclusivamente al llamado primer poder de la República.

Pero resulta que la historia reciente demuestra que nuestra Asamblea Legislativa ha sido incapaz de tomar ese tipo de decisiones de una manera oportuna y racional. En el primer caso, los diputados rechazaron la propuesta presupuestaria del Poder Ejecutivo, pero, con base en una dudosa interpretación jurídica, el presidente legislativo la dio inmediatamente por aprobada, despojando así a la Asamblea de su potestad contralora del gasto público y dejando en letra muerta su función constitucional.

En el segundo caso, por diversas razones, los proyectos de reforma impositiva que se han conocido durante las últimas administraciones han naufragado en las tormentosas aguas del reglamento legislativo. Paradójicamente, en el tema tributario el quehacer legislativo ha oscilado entre discusiones interminables sin toma de decisiones y la toma de decisiones sin discusiones sustantivas, como resultó ser la discusión del proyecto de Solidaridad Tributaria tramitado con base en un procedimiento especial que luego fue anulado por la Sala Constitucional.

Para disimular la ineficacia del Congreso, el diputado Mora resalta la aprobación de 39 proyectos en los primeros 6 meses de la actual legislatura, muchos de ellos, sin embargo, irrelevantes y referidos a autorizaciones de carácter municipal.

También se oculta que para aprobar el proyecto de Banca para el Desarrollo hubo de soportarse, por muchos años, el abuso reiterado de mociones interpuestas por diputados dispuestos a atender las necesidades de los opositores o que muchas leyes, como es sabido, son aprobadas con errores y falencias evidentes que requieren de su corrección posterior.

Esto es el resultado de un reglamento legislativo obsoleto, que confunde discusión reposada con abuso impune, y cuya necesidad de reforma excede en mucho los puntos sugeridos por don Henry en la entrevista.

Es dentro de este marco que deberá darse la discusión sobre un nuevo proyecto de reforma tributaria, todavía no definido, según confiesa el jerarca de Cuesta de Moras. Las condiciones no son idóneas, sobre todo luego de que el propio Gobierno y la fracción oficialista han dado argumentos a sus opositores al demostrar desatino en el manejo del presupuesto y una propensión a satisfacer a algunos de los sectores responsables de los disparadores del gasto público.

Una Asamblea Legislativa muy fraccionada, con una bancada oficial pequeña y un reglamento legislativo que favorece el filibusterismo obligan a que el Poder Ejecutivo se tome con más seriedad este reto y pruebe estar dispuesto a acompañar un eventual aumento de los impuestos con las reformas estructurales que se requieren en materia de control de gasto, empleo público, pensiones y convenciones colectivas, para que el sacrificio que se pida a los costarricenses no caiga en saco roto.

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