Una alternativa para hacer competitivo al país y luchar contra el desempleo creciente es la implementación y el fortalecimiento de la educación dual.
Este tipo de educación, de la cual tenemos proyectos de ley en discusión en la Asamblea Legislativa, implica la capacitación técnica y profesional con el objeto de ofrecer a los estudiantes la oportunidad de desarrollar conocimientos en un determinado campo que les garantice experiencia, que luego les facilitará, conseguir un empleo y, a la vez, ofrecerles a las empresas suficiente capital humano competente.
Ahora bien, desde el punto de vista legal laboral, debe apuntarse que el éxito de esta iniciativa dependerá en gran parte de la existencia de reglas claras para las partes implicadas, pues así las empresas, centros educativos y estudiantes, podrán conocer con exactitud cuáles son susobligaciones y derechos, evitándose desde un inicio, incorrectas interpretaciones que puedan desvirtuar la naturaleza o finalidad que inspira a este sistema de formación.
Justamente esa falta de normativa expresa, es uno de los principales motivos por los que surgen confusiones en el país en cuanto a la utilización en nuestro medio de figuras como la pasantía, la práctica profesional o el contrato de aprendizaje, que suelen ser utilizados de forma indistinta, cuando su tratamiento presenta particularidades de relevancia y más grave aún, se confunden comúnmente con típicos contratos de trabajo.
Así entonces, es clara la necesidad de dotar de un adecuado respaldo normativo a la formación dual, en aras de convertirla en un vehículo para la mejora de la competitividad y generación de futuros empleos en el país.