Sin lugar a dudas, el proyecto de ley número 18.732 es muy ambicioso. Lamentablemente, no parte en sus propuestas de un sólido diagnóstico de la gestión pública basado en evidencia empírica como debiera haber sucedido, dada la implicación de las medidas que se sugieren. Un criterio no fundado en evidencia empírica no es más que una elucubración.
A esta debilidad debe agregarse que el Poder Ejecutivo involucra en la misma iniciativa temas muy disímiles: la abolición de las juntas directivas en algunas autónomas; acotar facultades a la Contraloría General de la República; ajustar la ley de la Procuraduría, reformar la Ley de contratación administrativa –una vez más–, así como la Ley de expropiaciones; la Ley general de salud ; el impuesto de salida del país y, además, crear el Consejo Económico Social.
Se extraña, en la Exposición de Motivos, una clara explicación del fundamento de los múltiples ajustes legales propuestos. ¿Por qué atribuir la jerarquía de las autónomas a órganos colegiados es una traba? ¿Por qué es una traba en unas instituciones y en otras no? ¿Cuáles son los indicadores objetivos para encontrar trabas, de nuevo, en la ley de contratación administrativa y en la ley de expropiaciones? ¿Por qué crear el Consejo Económico Social no representa una traba pero las juntas directivas en algunas entidades autónomas sí lo son?
En vista de esas debilidades en la formulación de la propuesta de ley, el debate parlamentario “sobre la base del discurso y la réplica, el argumento y la contradicción” (Hans Kelsen), ha de profundizarse para lograr discernir si lo propuesto permitiría, en realidad, resolver los males que aquejan la gestión pública.
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