Control presupuestario



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El Presupuesto General de la República se ha convertido en los últimos años en uno de los puntos de tensión en las relaciones Gobierno-oposición.

El presupuesto constituye la herramienta fundamental para expresar en cifras el rumbo del Gobierno, la orientación de prioridades de su gestión hacia el próximo año. Para la oposición, es el espacio mediático por excelencia en el ejercicio de control sobre los fondos públicos.

Desde la doctrina del public choice y de la nueva economía institucional se ha planteado la importancia de fijar límites a la capacidad de decisión pública en materia fiscal, como un condicionante al buen gobierno, razón por la cual la función parlamentaria en el proceso presupuestario ha de ser garante de la existencia de una disciplina fiscal, y no entrar en la discusión sobre la pertinencia o no de las políticas y programas que son responsabilidad constitucional del Ejecutivo.

Del dicho al hecho, hay mucho trecho. En nuestra Asamblea Legislativa la debilidad institucional de su Oficina de Presupuesto, así como la falta de cohesión y cultura de fiscalización por la oposición, reduce un momento tan decisivo e importante en la democracia, al convertirse en un desfile de pasarela de las distintas instituciones públicas, que explican en comisión la razón de su propuesta presupuestaria.

Hace un año, nuestro sistema, desde un ejercicio de la Alianza de Oposición, experimentó un intento fallido de lo que la doctrina italiana determina como indirizzo político, es decir, la dirección política parlamentaria en el ejercicio del gobierno. La lección fue clara, alterar la estructura del presupuesto es querer gobernar sin responsabilidad. Refleja un interés de captar la atención mediática sin un compromiso hacia los sectores más estratégicos, vulnerables o sensibles de nuestro país, obviando la rendición de cuentas sobre la decisión política y corresponsabilizando a la administración pública por la calidad, cobertura y capacidad de los rendimientos institucionales.

Más rigor

El frío no está en las cobijas. La estéril crítica parlamentaria hacia los factores de persuasión populares y emotivos del presupuesto, como lo son los viajes o la publicidad, no han de ser el foco de atención del control presupuestario. Se debe hacer un ejercicio riguroso de análisis para comprender si la orientación dada por el Ejecutivo hacia el próximo año contribuye integral o de forma sectorial a alcanzar las metas de desarrollo. Implica superar la visión de que la fiscalización del ejercicio y orientación presupuestaria es algo propio de setiembre a noviembre y convertirse en una actividad recurrente de la oposición.

Si la intencionalidad real de la oposición es fortalecer la institucionalidad parlamentaria más allá de las tiendas coyunturales, es imperativo apostar a una reforma orientada en tres aspectos básicos: i) establecer el alcance y la trascendencia de la autorización presupuestaria, ii) incremento en la inteligibilidad y la sinceridad de la ley de la administración financiera de la República y presupuestos público, y su reglamento y iii) estableciendo un calendario que favorezca el ejercicio continuo de la fiscalización parlamentaria durante el año.

La capacidad de enmienda seguirá siendo una facultad parlamentaria imperante en el proceso de discusión y aprobación del presupuesto, pero no debe suponer nunca un aumento del gasto público o en una demagogia en la reducción del gasto desde una falsa intención de mejora en la gestión del Gobierno.

Se deben presentar y defender los planteamientos, pero no se debe irrespetar la orientación política del Ejecutivo quien es el depositario de la soberanía popular para la ejecución y conducción de las políticas públicas y a quien recae el peso del control parlamentario sobre sus actos.

Sostenbilidad y financiamiento