El reciente anuncio por parte del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, sobre una serie de medidas para solventar la falta de liquidez del Estado, tiene desde hace varios días enfrentados a tirios y troyanos.
La discusión vuelve la mirada hacia atrás y tiene hasta el momento como punto principal del debate determinar cuál de las últimas administraciones es la más culpable de todas, cuando una gran mayoría tiene claro que todas son culpables en mayor o menor grado.
De momento nadie acepta su responsabilidad, la culpa depende de la amnesia política–selectiva de unos y otros, quienes convertidos en expertos de política macroeconómica, pretenden con artículos, gráficos y hasta memes, explicarnos las causas y responsables de la crisis fiscal–.
Afortunadamente, debido a la impostergabilidad para afrontar la situación, el gobierno finalmente ha anunciado que retomará viejas soluciones y planteará otras nuevas. Lo hace ya en un contexto internacional adverso y en uno nacional marcado por ser un año electoral, el cual pareciera querer utilizar como chivo expiatorio para luego decir “lo intentamos pero la oposición no nos lo permitió”.
Al mejor estilo del “tico”, el Gobierno dejó todo para el final y pretende solucionar en seis meses lo que por irresponsabilidad, ingenuidad e inexperiencia, postergó adrede por más de tres años, pese a los llamados de atención de algunas fuerzas de oposición y figuras de su propia bancada, que le manifestaron desde el día uno de administración, su anuencia a discutir el tema fiscal.
El Gobierno perdió tiempo precioso y mandó señales contradictorias, señaló hace algunos días el director del Estado de la Nación, Jorge Vargas Cullel.
Desperdició el más grande capital político con el que un mandatario ha llegado al Poder Ejecutivo (1.300.000 votos), menospreció el acuerdo nacional ofrecido por el candidato presidencial de la bancada más grande del congreso y desechó la propuesta de “consolidación fiscal”, que había sido elaborado por la administración anterior, luego de 5 mesas de diálogo y múltiples reuniones entre actores interesados.
Atrás quedaron también los tres años en que la coyuntura económica internacional favorecía al país –con tasas de interés bajas y precios de intercambio favorables–, hoy la viabilidad de las reformas planteadas que ahora sí urgen al Gobierno, es mucho más compleja.
Estamos advertidos sobre que continuar postergando la aprobación de reformas, solo para no asumir el costo político que estas conllevan, es una bomba de tiempo, la cual tarde o temprano terminará explotando a la presente o muy probablemente a la próxima administración.
Sería prudente elegir un candidato que pueda estar rodeado de un equipo con gente de experiencia y el conocimiento suficiente para hacerle frente al déficit, que no tenga que padecer los efectos de la “curva de aprendizaje”, pues “el tiempo perdido hasta los santos lo lloran”.
El autor es politólogo.